Que la discapacidad sea política de Estado

Por el


En los últimos días del mes de septiembre la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) emitió una resolución, en la cual intima a las personas que reciben una pensión por discapacidad a que se presenten en ANSES, para entregar la documentación que corrobore que cumplen con los requisitos para seguir siendo beneficiario. Es la segunda vez que la actual administración nacional arremete contra las personas que perciben este beneficio.

En una primera oportunidad, se dieron de baja sin previo aviso y sin que el beneficiario pueda ejercer su defensa. En esta segunda oportunidad, la resolución de la ADN se otorga un plazo de 10 días para presentar la documentación necesaria.

La norma utilizada para establecer quién puede recibir una pensión por vejez o por invalidez, es el decreto 432 del año 97, firmado por Carlos Menem. El concepto que le daba sustento a esta norma, ya fue superado luego de que la Argentina firmó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) explica que bajo la nueva perspectiva de derechos “el Estado debe garantizar a una persona con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en igualdad de condiciones que los demás. Esto supone no quitarle su pensión por los ingresos de un familiar”.

El Decreto 432/97, en el que se exige a los titulares de las pensiones por invalidez “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras cosas.

Sobre las causas de las bajas de pensiones, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destaca que “en su mayoría se trata de titulares de automóviles”, seguido por los “titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional”, los que “muestran tener ingresos por empleo” o que “no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional”.

Hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, fue el mensaje dado desde el oficialismo para decidir las primeras bajas.

“Puede haber ocurrido que el Ministerio de Desarrollo Social haya flexibilizado en los hechos las condiciones de otorgamiento de pensiones no contributivas para hacerlas compatibles” con el texto de la ONU.

“Esto no quiere decir que no puedan haber habido errores en los otorgamientos, pero dado que las pensiones se otorgan en razón de la vulnerabilidad, el Ministerio debe analizar caso por caso antes de tomar una decisión que afecta a una persona de un colectivo vulnerable”, aclaró Suleiman.

Dos cuestiones a evaluar

Por un lado la decisión de dar de baja las pensiones por discapacidad sin derecho a réplica, en una primera oportunidad y  en esta, dar un plazo de 10 días para presentar la documentación correspondiente.De esta manera es fácil suponer que por diversas circunstancias, como falta de información, imposibilidad de cumplir con el plazo,  muchas personas van a quedar sin la asignación.

¿Impulsa la decisión gubernamental la idea de revisar las pensiones ´mal otorgadas´o con ese argumento fácilmente compartido por muchos, reducir la inversión?

La baja de la pensión implica no solo dejar de percibir un ingreso que ronda los 5.000 pesos sino también perder la obra social y los correspondientes descuentos en farmacia y otros beneficios.

El Ministerio Público de la Defensa, en su página de facebook, con fecha 3 de octubre, publicó una suerte de instructivo sobre  quiénes y cómo deben presentarse en la UDAI más cercana de ANSES

La otra cuestión a tener en cuenta es el cambio de paradigma con respecto a la discapacidad. El decreto aludido, a pesar de no contemplar a la persona como un individuo al que se debe apoyar para lograr su autonomía, continúa vigente.

 

Una propuesta

A principios del año legislativo, los legisladores Lucila Massin y Martín Doñate, presentaron un proyecto de ley, cuyos fundamentos plantean la necesidad de cumplir con la Convención sobre las personas con discapacidad.

“Buscamos derogar el antiguo decreto 432/97 el cual, basado en una visión médico-asistencialista, restringe las condiciones de acceso a las pensiones. Hoy debemos ponderar el modelo social de la discapacidad y garantizar su acceso mediante una ley

sancionada en el congreso de la nación” definió  Massin.

“Cada minuto que dilatamos la discusión,estamos desplazando a las personas con discapacidad de la sociedad.Es necesario trabajar para que la discapacidad trascienda los mandatos políticos y se convierta en una política de estado” agregó.

 

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