Después de trabajar seis meses sin cobrar, 88 trabajadores recibieron un mensaje de despido por Whatsapp. Se trata de profesionales de Salud Mental, más precisamente agentes territoriales encargados de que se cumpla la Ley 26.657 promulgada en el año 2010, que implicó un cambio de paradigma en las políticas públicas del área y que tuvo una amplia aceptación de todo el espectro político y de todas las áreas de la salud.

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA), a cargo de Luciano Grasso, ejecutó el ajuste que afecta a profesionales de las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. “Si las provincias los necesitan, que se hagan cargo”, dijeron desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Estos profesionales se encargaban de que se cumpliera dicha ley en zonas alejadas de los centros urbanos o en zonas desfavorecidas. Con esta medida, el derecho básico a una atención primaria en la salud mental se le está negando a miles de personas en el interior del país.

Al margen de la falta de formalidad a la hora de recibir la noticia de la baja, hay historias reales de compromiso profesional. “Venimos trabajando hace 14 años con patologías severas. Fue muy difícil entrar y generar un lazo de confianza con las comunidades y ahora, en medio del trabajo del año, que venimos realizando sin cobrar, recibimos el audio de Whatsapp de la directora de Salud Mental de Corrientes diciendo que el trabajo se termina en septiembre. Pero nosotros planificamos todo el año, porque hasta diciembre se suponía que estaba asegurado. Ahora, como siempre, tenemos que poner la cara nosotros y es como mentirle a la gente”, dice al medio Tiempo Argentino una de las profesionales que se desempeñaba capacitando a los referentes de salud de comunidades de pueblos originarios en la Puna y en la Yunga.

En el NEA, miles de usuarios de salud mental en comunidades alejadas y en barrios vulnerables quedan sin cobertura. Referentes de trabajadorxs del área, organismos de DDHH, colectivos de familiares y usuarios de los servicios y diputados se reunieron el lunes pasado para evaluar alternativas ante esta la ola de despidos, el desmantelamiento y eliminación de equipos interdisciplinarios de salud mental y adicciones.

Al respecto de la informalidad en la comunicación de los despidos, la diputada nacional Lucila Masin explicó: “Esta metodología no es nueva por parte del gobierno nacional, desde el 2016 vienen despidiendo profesionales del programa”, sostuvo y afirmó respecto a la medida que “es totalmente cínica, no existe ningún comunicado por parte de las autoridades. Con estos despidos, el Programa Nacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones quedaría totalmente vaciado”.

Para este viernes convocan a una conferencia de prensa a las 10 en la Casa por la Memoria, Marcelo T. de Alvear 32, para dar estado público a la situación local. “Convocamos a periodistas y todxs lxs que quieran sumarse al reclamo de políticas públicas, salarios y presupuesto en salud/ salud mental para garantizar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos”, señalaron. En las otras provincias afectadas se harán conferencias de prensa simultáneas.

Otro de los organismo que repudió el accionar del gobierno nacional en particular de la Dirección Nacional de Salud Mental fue la Red Entrelíneas. “Desde esta gestión de gobierno viene produciéndose una práctica sistematizada de violación de derechos humanos, colocando a todo el territorio nacional y a nuestra provincia en particular en una situación de emergencia en salud mental y adicciones”.
Explican desde la organización que “un trabajador de salud mental y adicciones en atención primaria de la salud, trabaja con la complejidad de problemas subjetivos y sociales graves, el desmantelamiento de los programas rompe la redes construidas y la eliminación de la asistencia en salud mental va a producir situaciones de vulnerabilidad aún mayores de las que vive la provincia, provocando situaciones de riesgo de vida por no tener acceso a los servicios fundamentales de salud”.

La ley que cambió la perspectiva

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 fue sancionada en 2010 como resultado de un arduo trabajo de años por parte de familiares y usuarios, profesionales de salud mental y organismos de derechos humanos, en el marco de la aprobación de otras leyes similares como la Ley de Servicios Audiovisuales y la Ley de Matrimonio Igualitario. Establece que la salud mental es un problema pluricausal y que su abordaje necesita una mirada integral, interdisciplinaria e intersectorial, priorizando la atención primaria, igualitaria y en comunidad. Constituye un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos.

“Vulnerar el derecho al trabajo es atentar directamente contra la salud y la salud mental de la comunidad. Sin recursos no hay ley que pueda aplicarse”, expresaron desde Entrelíneas.
“Los trabajadores de la salud mental venimos siendo atacados en nuestra profesionalidad y especificidad hace ya un tiempo por este gobierno. Con los desmantelamientos del trabajo territorial, achicando presupuestos y recursos, centralizando la atención asistencialista desde una práctica desbordante, promoviendo la apertura de privados, provocando desconfianza en el trabajador del sector público. Así es imposible cumplir con la responsabilidad de aplicar la ley”, aseguraron en un comunicado.

A fines del año pasado, una amenaza de decreto que modificaría la esencia de la ley alertó a los trabajadores del área de la salud mental. Las posibles consecuencias de esta reforma eran la ampliación de los límites de la enfermedad y el empuje a la manicomialización. El decreto no llegó a efectuarse, pero este nuevo golpe volvió a poner en agenda al desguace de viene sufriendo la salud mental en la Argentina y las dificultades que pone el sistema para que se aplique eficientemente.