En lo que va de este mes de agosto, lo imponente de la movilización de la comunidad universitaria argentina permitió superar el cerco mediático que impedía que el tema tomara visibilidad pública. Más allá de que se agregaron campañas de desinformación impulsadas desde algunos sectores oficialistas, nadie puede alegar desconocer que el segundo cuatrimestre no comenzó en las 57 universidades nacionales y que las perspectivas no son para nada alentadoras en función de las propuestas casi inexistentes por parte del Gobierno Nacional, que además no convocaba al diálogo a los gremios y cuando lo hizo fue para volver a presentar prácticamente la misma oferta.

No es menor que nuevamente la única salida posible y visible sea la calle. La educación siempre tuvo que luchar a capa y espada por sostener su lugar como una de las bases de las políticas estatales. Por eso, para muchos de los que nuevamente salieron a reclamar no resulta novedosa la metodología. Baste recordar momentos históricos en los que fue la movilización masiva para lograr ser escuchados, como las luchas en los ’60 y ’70 entre las que figuran el Correntinazo y el Cordobazo, las manifestaciones para que se derogara la Ley de Educación Superior (LES) y la Ley Federal de Educación en los ’90 por citar solo algunas.

 

Lo que sí sorprende en esta ocasión es el fuerte consenso con respecto al reclamo que iniciaron los docentes pero inmediatamente recibió la adhesión de los no docentes y de la mayoría de las agrupaciones estudiantiles. Es verdad que sería necesario que las autoridades tomaran un rol cuestionador más activo y contundente, cómo sí se pudo ver en otras casas de altos estudios como la Universidad Nacional de Córdoba, cuya filiación política partidaria claramente no es opositora a la coalición gobernante. Pero en esta ocasión se descuenta que el acuerdo tiene que ver con la gravedad de la situación.

Parece increíble tener que justificar a esta altura la necesidad de contar con educación superior gratuita, pública y laica, un postulado que surgió al calor de la Reforma Universitaria que cumplió en el mes de junio nada más y nada menos que 100 años. Ni qué decir de la calidad de la enseñanza, de contar con investigadores que contribuyan a fortalecer la ciencia y la tecnología de nuestro país. Parece increíble pero es lo que se nos pide a la docencia universitaria cada vez que se discuten nuestros sueldos y el presupuesto destinado a la formación en esta instancia, que no supera el 1% del PBI. Eso sin contar que al momento de definir las partidas que corresponderían al presente ciclo lectivo la inflación el dólar estaba a 19 pesos.

Por eso en esta oportunidad hablamos de ajuste, de desfinanciamiento y de recortes. Ajustes porque la propuesta de aumento salarial para los trabajadores de la educación superior –que hasta ahora se mantiene en un 15%- no se condice en lo más mínimo con la inflación actual ni con la proyectada –estimada por lo menos en un 30 %. Desfinanciamiento porque no se están enviando en tiempo y forma las partidas presupuestarias y eso afecta a todo el funcionamiento de las instituciones. Y recortes de becas estudiantiles, científicas y en áreas estratégicas como, por ejemplo, obras de infraestructura ya licitadas pero que no se iniciaron.

A todos nos da orgullo decir que de la universidad pública y gratuita salieron cinco premios Nobel, que nuestro nivel académico es de excelencia y que estamos posicionados en un lugar de privilegio a nivel regional. Y la mayoría puede reconocer su importancia como herramienta de crecimiento individual y colectivo. Pero nos olvidamos rápidamente de que para la formación de esos recursos humanos fue imprescindible instituir y fortalecer, mediante políticas públicas, el desarrollo del sistema educativo nacional.

Cada uno desde su lugar, funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes podemos y debemos analizar y expresar lo que consideramos justo. Por eso volvimos a las calles, por eso estamos movilizados y atentos a los pasos a seguir, por eso nos seguimos informando, esta vez sobre ejecuciones presupuestarias, índices inflacionarios y planes de infraestructura.

Es necesario convertir los eslóganes y frases pomposas en realidades. Coincidimos en que la universidad pública está en peligro, en que docente luchando también está enseñando y en que la educación del pueblo se defiende. Pero no podemos esperar pasivamente que el conflicto que ya lleva casi un mes y que no parece tener una resolución posible, al menos en el corto plazo, se resuelva por arte de magia. Por eso, una vez más, la lucha nos encuentra esta vez no en las aulas sino en las calles, donde una vez más, con distintas estrategias, estamos defendiendo la educación pública.