Ley “CRES”, creer o pensar

Por Gustavo Carnevale*

La educación pública viene sufriendo innumerables embates en su contra hace mucho si lo analizamos en la línea histórica del tiempo. Sin embargo, cuando se piensa desde un “tiempo” histórico-social, por ende político, que es cómo se deben leer los problemas de la educación, está ante una de las situaciones de mayor peligro. Ni siquiera comparable con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Federal de Educación 24.195, como marco normativo de la política educativa en la década del ‘90.

En estos días, el foco estuvo puesto sobre la educación superior no universitaria. Recordemos que, desde la vigencia de la Ley 26.206, la educación superior comprende las instituciones no universitarias -reconocidas en el sentido común como institutos terciarios o Institutos de Educación Superior (IES)- y las universidades.

Cabe mencionar que las universidades están soportando este ataque desde hace tiempo y en todos sus frentes, aunque nos ocupemos en esta ocasión de los IES.

El 30 de mayo, en una sesión llevada a cabo en la ciudad de General San Martín, la legislatura provincial aprobó, sin ningún tipo de debate o consulta previa a los sectores involucrados en la educación superior, la Ley 2.832 que determinaba la creación de los Centros Regionales de Educación Superior (CRES) del “Programa de fortalecimiento de la educación superior”. Este programa “comprende a todas las carreras de nivel superior, especializaciones y posgrados creados y a crearse”. y disponía que los CRES puedan depender de las municipalidades, asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas, en lugar de la dependencia del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) que hoy tienen los IES que ofrecen carreras de formación docentes y/o formación técnica profesional.

Esta Ley establecía como funciones de los CRES en su artículo 4°:

  1. Orientar al MECCyT, mediante la construcción de un informe en el planeamiento estratégico de las propuestas posibles de Educación Superior en la localidad y región educativa analizando datos del contexto local o regional.
  2. Asesorar sobre los perfiles profesionales, intereses de los actores productivos y actores sociales en materia de propuestas educativas.
  3. Generar informe situacional que articule las demandas locales referidas a formación educativa, siendo el insumo para la toma de decisiones de las propuestas educativas.
  4. Realizar estudios e investigaciones pertinentes con los organismos del Estado provincial, con los consejos locales-provinciales de educación y materializar la inclusión social a través del trabajo.

A su vez, la ley establecía la creación de un presupuesto anual, a cargo del Poder Ejecutivo, que brindaría los recursos necesarios para su funcionamiento y mantenimiento. Cuando la realidad actual de los IES demuestra una total desatención presupuestaria, que los obliga a mantenerse y a subsistir económicamente gracias a los aportes de los estudiantes a las cooperadoras institucionales correspondientes.

Foto de Gabriela (2)

El día en que los estudiantes levantaron su voz en defensa de la educación

Esta situación generó la reacción y movilización estudiantil y de gran parte del sector involucrado en toda la provincia, en una muestra de madurez y compromiso del estudiantado que hace mucho tiempo no se veía. Los centros de estudiantes se autoconvocaron y movilizaron, la mayoría de estas iniciativas fueron apoyadas por los profesores y demás miembros de las comunidades educativas de los IES.

Sólo a modo de ejemplo: en el IES Miguel Neme de Las Breñas se realizó una asamblea abierta convocada por el Centro de Estudiantes. La asamblea decidió una marcha por la ciudad en ese mismo día  (11 de junio de 2018) y una acción similar al día siguiente. Su recorrido fue programado para pasar por la Municipalidad y finalizar en la Dirección Regional Educativa IV. También se elaboró un documento en apoyo al pedido de veto a la Ley que ya circulaba en varias localidades de la provincia, que había sido impulsado desde varios sectores, incluso por algunos rectores autoconvocados días posteriores a la difusión de la aprobación de la Ley.

Un dato no menor es que muchos de los estudiantes que participaron de estas formas de protesta, formaban parte por primera vez de una acción participativa de este tipo, por lo que ante la convocatoria se explicó el funcionamiento de una asamblea abierta y las lógicas que la rigen antes de comenzar. Varios de los estudiantes sólo tenían la idea de autoconvocarse para hacer oír su reclamo, desconociendo el funcionamiento de una asamblea abierta convocada por un Centro de Estudiantes.

Hasta aquí sólo el relato de lo acontecido, que finaliza con el veto total de la Ley el día 12 de junio. Aunque esto podría tomarse, y en algún punto lo es, como un “triunfo” de, y para los IES, es muy importante reconocer y resaltar dos cuestiones que tienen mucho más peso e importancia aún: la intención del Gobierno provincial, que seguirá buscando la estrategia para cumplir con los propósitos de la Ley, y el poder del estudiantado como resistencia en defensa la educación pública y gratuita.

 

cres estudiantil

Después del veto… ¿que?

Desde el Ministerio, a través de declaraciones periodísticas, se afirmó con vehemencia la posición a favor del veto, pero no sin dejar aclarado que lo que “molestó a la gente, al comité de rectores y a los estudiantes” de esta Ley fue que “no se consultó a las bases”. Fundamento que también se expone en el texto del Expediente 204 que determina el veto total de la Ley el 12 de junio de 2018. Aunque este documento firmado por el Gobernador de la Provincia de Chaco también deja claro que la Ley “vulnera, se superpone y avanza sobre leyes y normas ya establecidas, como por ejemplo el Estatuto docente (Ley N°647 E)” y que es necesario la consulta y el consenso de todos los sectores para tratar los temas de la Educación Superior.

Así entonces, el fundamento del porqué del veto a la Ley es básicamente la “falta de consenso”. También en las declaraciones periodísticas ya mencionadas se especifica que una vez consensuada “no va a diferir mucho la Ley de lo que va a salir”, ya que esto es “lo que se viene”.

Nada se dice y mucho se oculta detrás de la aparentemente democrática figura del consenso, de los verdaderos problemas de una ley como ésta, que tiende a desfinanciar el sistema de educación superior no universitario y municipalizar tanto las ofertas de carreras, las determinaciones de perfiles profesionales para trabajar en los CRES o en las carreras nuevas o ya existentes. Es decir en palabras del gobernador: vulnerar, superponer o avanzar sobre las normas establecidas en el Estatuto Docente.

“Artículo 6° El Poder Ejecutivo, a través del MECCyT podrá realizar convenios con los CRES, relacionados con propuestas educativas y cofinanciar el desarrollo de carreras de Nivel Superior, especializaciones y posgrados creadas o a crearse”.

Este artículo es preciso y lapidario: El Estado pasará a cofinanciar y no a garantizar la educación superior no universitaria, es preciso observar que los posgrados forman parte del ámbito universitario y no de los IES.  Aquí tampoco se dice nada sobre que cualquier convenio establecido por los CRES y alguna universidad o institución pública o privada trae acarreado la eliminación de la gratuidad de la educación superior: muchas universidades incluso públicas, están dispuestas (y de hecho lo están haciendo) a facilitar extensiones áulicas a través de convenios con municipalidades u otras instituciones, pero no pueden hacerse cargo de los costos de logística y organización. De esta manera, quienes hacen frente a estas cuestiones económicas son los estudiantes. Hecho que hoy, según las situaciones de recorte del presupuesto universitario, se hace mucho más probable que siempre.

Tampoco podemos olvidar que las leyes de educación nacional y provincial no establecen la obligatoriedad del nivel superior y que la descentralización presupuestaria que se propone, ante la realidad económica de los municipios y ante la imposibilidad actual de sostener lo establecido como presupuesto para mantener el sistema superior, se le agregaría un nuevo presupuesto más (el de los CRES), por tanto estaríamos así hablando de una utopía.

Como consecuencia traería consigo el arancelamiento encubierto de la Educación Superior, detrás de la políticamente correcta idea de “igualdad de oportunidades” por poner a disposición la educación superior en las localidades más alejadas. Que por otra parte es un enunciado falaz, ya que en la provincia de Chaco existe un IES o extensión áulica de alguno de ellos en casi todas las localidades, y que si tuvieran el apoyo financiero del que carecen (cantidad de horas cátedras necesarias, personal administrativo según la cantidad de estudiantes, personal de mantenimiento, aulas necesarias, edificios propios, etc.) que se destinaría a los CRES, seguramente podrían funcionar mucho mejor.

Pensar en el “fortalecimiento” del sistema superior no universitario sin dudas es una necesidad, pero no bajo las perspectivas de las políticas educativas actuales, que fundan tal necesidad en la “evaluación” de la “calidad de la educación superior” bajo los criterios de eficiencia empresarial.

Para comprender mejor esta idea reinante en las actuales intenciones de políticas públicas educativas, resulta muy interesante consultar la nota “La educación como instrumento de dominio y negocio”, de Mario de Casas.

Teniendo en cuenta lo expuesto y ante un análisis político del problema de la educación superior, que permite demostrar que no son compatibles las lógicas del mercado con las del Estado como garante de derechos; que no es posible garantizar el derecho a la educación cuando se piensa en un estado económicamente eficiente y eficaz en términos productivos/empresariales; que cuando se habla de educación de calidad en base a evaluaciones determinadas por los entes económicos mundiales, que plantean la idea de competencias, se está hablando específicamente de lógicas de producción y de mercado.

Asesorar sobre los perfiles profesionales, intereses de los actores productivos y actores sociales en materia de propuestas educativas” (fragmento del proyecto de ley).

Porque no debe perderse de vista que, si se piensa en el “fortalecimiento” de la educación superior, es básicamente por haberla puesto bajo la lupa de la “evaluación”. De su “calidad y eficiencia”. Ángel Díaz Barriga es bien claro en lo que hay detrás del término “competencias” y de las evaluaciones que se proponen en pos de mejorar la calidad y eficiencia educativa, cuando éstas evaluaciones y programas son pensados por el Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo. Y demostró en su libro “Pensar la Didáctica” cómo esto afectó y afecta a los países en desarrollo.

 

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La resistencia, una lección democrática

Sólo queda apostar a que lo acontecido en cada uno de los IES en toda la provincia se transforme en una lección democrática, que demuestra que la única herramienta de lucha contra los ataques a la educación pública, es la fuerza de los estudiantes y la comunidad educativa. Participar democráticamente reconstruyendo formas históricas de resistencia desaprendidas, construyendo, o inventando nuevas formas de resistencia, es el único camino.

Es necesario romper la reproducción de los sistemas de pensamiento que preservan y afianzan los dispositivos de control, que dejan a los actores de la educación superior (formadores y estudiantes) en una posición políticamente diezmada.

Esta falta de saber participativo y democrático, a la que ya se hizo referencia, es consecuencia de un pueblo históricamente docilizado y controlado a través de las lógicas del “caudillismo” operante en las provincias pobres y relegadas como Chaco. Consecuencias mucho más evidentes en los pueblos y ciudades del interior provincial.

Esta posición de docilidad y sumisión es nefasta para la  vida democrática y comunitaria de los pueblos. Pero siguen teniendo vigencia a través de prácticas que las intentan afianzar fuertemente, utilizando como estrategia y tecnología la idea de “despolitización”.

Esta estructura de pensamiento que se pretende imponer sutilmente, aunque abiertamente declarada, forma parte de una manera de entender el estado, la educación y la política.

La falta de saber participativo, democrático, de resistencia, es mucho más evidente en los IES que en las universidades por tratarse de instituciones prácticamente secundarizadas en casi todos sus aspectos: organizativos, administrativos y académicos, a diferencia de la universidades dentro del sistema de educación superior que ya poseen más experiencias en la vida democrática participativa estudiantil. Quizás estas muestras permitan ver a los estudiantes la posibilidad de ruptura.

En la fuerza de los estudiantes unidos e involucrados está la verdadera opción para defender la educación pública y gratuita. Sin dejar de pensar que los que enseñan en los IES deben enseñar también, además de los contenidos curriculares, que con la educación no se hace negocio, que no hay otra forma de preservarla y de mantenerla como el único medio de movilidad social que no sea pensándola como derecho.

Por lo tanto, que si son necesarios los consensos en algunos aspectos, no lo son cuando se trata de un derecho, los derechos no se consultan, consensuan o negocian como se prometió hacer para aprobar una ley que no diste mucho de la que se vetó. A LOS DERECHOS SE LOS DEFIENDEN.

*Licenciado, docente, investigador

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