Sebastiani preso: condiciones de “alojamiento”

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¿Es igualitario el trato que recibe el empresario automotriz como lo marca la ley? Surgen especulaciones ante las condiciones de alojamiento. Comparaciones con otros condenados por delitos de violencia de género. Hubo cambios en la defensa y brotan expresiones en la redes sociales que buscan desprestigiar el proceso judicial. Análisis y seguimiento de la situación.

El 22 de diciembre del año pasado Raúl Sebastiani fue condenado a 5 años de prisión efectiva por una serie de delitos enmarcados en violencia de género contra Eliana Tapia, su ex pareja. Si bien debió quedar detenido ese mismo día de la lectura de la sentencia, porque la condena estipulaba prisión preventiva, el empresario decidió fugarse y pasar más de un mes prófugo de la Justicia. Finalmente,  el 31 de enero a las 9.30 de la mañana se entregó.

Hoy Sebastiani purga su pena en una celda de la remozada Comisaría Segunda de Resistencia. Ante el déficit de las unidades carcelarias, la decisión del alojamiento de cada persona privada de su libertad queda a criterio de la Jefatura de Policía. Determinación que puede surgir de un consenso con la Fiscalía actuante.

En julio del año pasado, otro tribunal judicial chaqueño sentenciaba a 20 años de condena efectiva al remisero Germán Cazal Ortiz que apuñaló 14 veces a su exmujer Luciana Romero, en enero de 2016. Cazal Ortiz, que dista mucho de la condición social de un empresario sino que es un trabajador de bajos recursos, se encuentra purgando su pena en una celda compartida de la Comisaría Primera.

sistema penitenciario

A pesar de las marcadas diferencias entre en las condiciones para uno y otro,  al momento de la detención del empresario automotriz, el Tribunal presidido por el juez Víctor Del Río fue claro respecto del “trato” que debía recibir. Un documento al que Bohemia pudo acceder, y que consta en el expediente, expresa: “Sobre el temperamento a adoptar con relación al alojamiento en la Comisaría Seccional Segunda Metropolitana (lugar que fue definido por la Jefatura de Policía) se le hace saber que debe tener el tratamiento de cualquier otro DETENIDO COMÚN, ello significa que no debe contar con beneficio o privilegio alguno que lo diferencien de las restantes personas privadas de su libertad” y también indica el documento la “exclusiva responsabilidad policial” respecto de las condiciones de “sanidad y seguridad” del empresario. ¿De ahí la decisión de resguardarlo en una celda personal? Fuentes policiales aseguraron que “por cuestiones de seguridad” Sebastiani no comparte sus días de prisión con nadie.

Las especulaciones son inevitables: “Cárcel vip” para algunos y “celdas comunes” para otros. No hay que hurgar mucho en estadísticas para afirmar que la gran mayoría de las personas privadas de su libertad son pobres. Y que esa pequeña franja de presos que vienen de condiciones socioeconómicas más acomodadas no comparten las mismas condiciones de “alojamiento”.

¿Injusto? Sí, claro. Sin embargo, es preciso sólo imaginar un día en la vida cualquier persona sin ejercer lo que su voluntad le indique. Suponer solamente 24 horas encerrados, aún en la comodidad del propio hogar pero sin la libertad de salir, de hacer, de disponer lo que se desee. Quizá así se logre dimensionar lo que la “privación de la libertad” significa.

Y sobrevienen interrogantes utópicos: ¿Podrá el sistema revertir conductas nocivas como las de un violento en condiciones de libertad? ¿Es posible, en las actuales condiciones de detención del país, con cárceles superpobladas y seres humanos hacinados, que estos hombres al recuperar su libertad sean mejores personas? El sistema penitenciario debiera significar un ámbito ocupado en que las personas purguen su condena y se preparen para volver a la sociedad y vivir dignamente. Eso expresa la teoría, claro.

Sin dudas, el debate sigue pendiente y el cumplimiento de normas y tratados también.

Obras jurídicas como las de Beccaría, que sentó principios éticos y de política legislativa innovadores en el 1700, orientaron la construcción de un nuevo sistema penal mucho más justo, racional y respetuoso del ser humano para la época. Son de una vigencia indiscutible, así que apelar a sus enunciados traerá mayor claridad sobre el debate.

Igualdad de nobles, burgueses y plebeyos ante la ley penal; las penas deben ser las mismas para todos”. Beccaría afirma que las penas que deben establecerse contra los delitos de los nobles deben ser las mismas para el primero que para el último ciudadano.  Sostiene que toda distinción, sea en los honores o en las riquezas, para que sea legítima supone una anterior igualdad fundada sobre las leyes, que consideran a todos los súbditos como igualmente dependientes de ella.  
Esta expresión de Beccaría tiene en nuestro ordenamiento jurídico reconocimiento constitucional en el art. 16, que consagra la igualdad ante la ley de todos sus habitantes. Y,  a partir de la reforma del ´94, se ha avanzado en la formulación, a lo que se suma la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía superior a las leyes, en los cuales abundan las cláusulas sobre la igualdad citando, por nombrar uno de ellos, el Pacto de San José de Costa Rica. Como vimos en una mera comparación de dos condenados por casos de violencia de género, aún con las diferencias en los delitos cometidos y sus consecuentes condenas, la teoría jurídica dista de la práctica real de las condiciones de detención de ambos hombres. Sobrevienen interrogantes utópicos: ¿Podrá el sistema revertir conductas nocivas como las de un violento en condiciones de libertad? ¿Es posible, en las actuales condiciones de detención del país, con cárceles superpobladas y seres humanos hacinados, que estos hombres al recuperar su libertad, sean mejores personas? El sistema penitenciario debiera significar un ámbito ocupado en que las personas purguen su conden y se preparen para volver a la sociedad y vivir  dignamente. Eso expresa la letra jurídica, claro.

Sin dudas el debate sigue pendiente y el cumplimiento de normas y tratados también.

Siguen las apelaciones

La semana pasada el empresario automotriz hizo las presentaciones pertinentes para designar a dos abogados defensores: Sergio Martinez y Nelson Pessoa (este último ya lo había patrocinado en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia). Ese mismo día presentaron un recurso de casación que será elevado al Superior Tribunal de Justicia, solicitando revocar el último fallo y retrotraer al anterior, que fue de sólo tres años y excarcelable y que había sido recusado ya por el máximo tribunal provincial.

Pessoa y Martínez reemplazaron a Marcelino Leiva, quien representó al empresario en el último juicio y que nada pudo hacer para evitar la condena a prisión. Y de esta forma se confirma lo que Bohemia había adelantado en publicaciones previas respecto de la designación de Leiva. Fue sólo un artilugio legal de la defensa, bajo la intención de separar de la causa al juez Del Río, que finalmente la propia justicia desestimó.

Fue llamativo el despliegue policial, con fuerzas del COE (Comando de Operaciones Especiales) para trasladar a Sebastiani al juzgado de avenida San Martín, esposado y con una capucha gris cubriendo su cabeza, escoltado por efectivos. Sobre todo teniendo en cuenta que en diciembre pasado, burló todo control y se fugó.

Campaña anti justicia en las redes

Después de que el empresario se entregara, surgieron en la redes sociales, bajo perfiles de dudosa veracidad, una serie de expresiones que buscan desprestigiar el proceso judicial y sobre todo la sentencia de cinco años de prisión efectiva para el condenado.

Con argumentos falaces, exhiben capturas del video que muestra a víctima y victimario saliendo del departamento el día del ataque, sosteniendo que no hay sometimiento alguno y otros análisis que no buscan más que crear dudas en la opinión pública. Tanto estos como otros elementos probatorios atravesaron el más exhaustivo examen ya durante el primer juicio a cargo de la magistrada Lidia Lezcano Urtury. Se explicó que ella salió del domicilio en compañía de su victimario. Como en la mayoría de estos hecho, las víctimas se desplazan hacia y desde los lugares donde las someten porque no hay solo violencia física sino dependencia psíquica. Pues las amenazas y el temor que el violento despliega es suficiente para su sumisión.

Se expresan además en esas publicaciones mentiras sobre un informe que sería el perfil psicológico de Sebastiani. Lo que existe y consta en el expediente es el informe psiquiátrico. Documento profesional que expresa si no padece alguna enfermedad mental que le impida comprender sus actos o sea capaz de dirigir sus acciones y lo describe como una personalidad típica de violento. Justamente forman parte de la sentencia que quedó firme luego de ser revisada por el STJ y en la que solo declararon incorrecta la pena. Por ese motivo, luego de ese juicio, el tribunal presidido por Del Río no tuvo el rol de analizar esas pruebas, pues esa parte de la sentencia ya se encontraba firme y con estado de cosa juzgada. Y sólo se limitó al dictado de una nueva pena (cinco años de prisión efectiva).


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