Establecer un protocolo para detener a personas de la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer) lejos de ser una medida progresista, avala el avance de las fuerzas de seguridad y policiales en esta población que sufre vulnerabilidad creciente, agravada por las políticas desarrolladas en estos últimos dos años.

El Ministerio de Seguridad publicó el 24 de octubre en el Boletín Oficial un protocolo de detención a personas del colectivo LGBT denominado: “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”

Dicho protocolo deja sin efecto la Resolución Nº 1.181 del año 2011, elaborada por la Ministra de Seguridad en ese entonce, la Dra. Nilda Garré, la resolución tenía un enfoque que apuntaba a la formación de las fuerzas de seguridad e implicaba modificaciones en el trato hacia personas de la comunidad LGTB que integren las fuerzas y aspectos a tener en cuenta en el caso de detención.

Diversos espacios políticos y sociales que integran el colectivo LGBTIQ repudiaron el protocolo publicado recientemente, en primer lugar porque no fueron consultadxs  y manifestaron que el mismo genera una mayor vulneración de derechos y señala al colectivo como “sujetxs peligrosxs”.

En el anexo 1 del protocolo, cuando habla de las facultades de las fuerzas policiales para la detención, menciona por ejemplo en el punto 6, “Demora para identificación: Cuando existan circunstancias debidamente fundadas o indicios vehementes de que una persona hubiese cometido o pudiera cometer un delito o una contravención y ella no acreditase fehacientemente su identidad mediante la presentación de documentos de identidad nacionales o extranjeros u otros documentos, se lo podrá demorar en sede policial el tiempo mínimo necesario para proceder a su identificación hasta un máximo de DIEZ (10) horas”. Este punto es un ejemplo de dejar abierta la posibilidad a detenciones arbitrarias, teniendo en cuenta el odio que generan en amplios sectores de la sociedad y particularmente en las fuerzas policiales las sexualidades disidentes. Así, surgen muchos interrogantes: ¿Sirve elaborar un protocolo para detener “de manera ordenada” a personas LGBT sin una formación desde una perspectiva de género por parte de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué lo publican días antes de la realización de la marcha del Orgullo LGTBIQ? ¿Por qué se refuerzan políticas punitivas en lugar de generar políticas de inclusión que den respuestas en términos de salud, educación y acceso al trabajo?

Generar un protocolo para detener “correctamente” a una persona LGTB en un contexto de avanzada represiva a estos sectores es alentar a las fuerzas de seguridad sedientas de realizarlo.

Este año se vivieron casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas policiales a mujeres besándose; el conocido caso de Mariana Gómez, detenida por parte de la policía bonaerense por estar besándose con su compañera de vida, con la excusa de haber estado fumando un cigarrillo en un lugar en el que estaba prohibido. Y el caso de dos mujeres que fueron intimidadas en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia por el sólo hecho de estar besándose en público.

Un informe de la Situación de los Derechos Humanos de las Travestis y Trans en la Argentina publicado en octubre del año 2016 da cuenta de que “el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró en la Primera encuesta sobre población trans 2012 que el 83% de las personas trans y travestis encuestadas habían sido víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial”, esta población es criminalizada y sufre malos tratos y detenciones arbitrarias, ya sea por ejercer la prostitución, o por presunción de ejercicio de la misma, o son culpabilizadxs de vender estupefacientes sin prueba alguna. Esto muestra claramente el odio hacia estas personas y los altos grados de discriminación y marginalidad a la que se ven sometidxs.

Publicar este protocolo a pocos días de realizarse la marcha del orgullo LGTBIQ el próximo 11 de noviembre, no es más que una provocación y un intento de criminalizar al colectivo en lugar de plantear las políticas que apunten a la inclusión educativa, laboral y tendientes a erradicar la discriminación. Con este protocolo intentan  maquillar los palos que tienen preparados para estos sectores profundamente vulnerados en derechos.

Ludmila Pellegrini –Docente, investigadora, militante.