A pocos kilómetros de Resistencia, en el ejido de Colonia Benítez, se encuentra la Aldea 3 Horquetas. Es el único ´centro cerrado`que posee la provincia del Chaco, para albergar a menores en conflicto con la ley penal.

El 23 de octubre de 2017, el STJ (Superior Tribunal de Justicia) dio a conocer el otorgamiento del Habeas Corpus colectivo, para los adolescentes allí alojados. Exhortan al Estado Provincial, al cumplimiento de leyes, pactos y acuerdos, suscritos por la provincia y el país para este tipo de centros.La medida fue solicitada por el Comité Provincial contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes

 

M trabajó en la Aldea varios años. Aún hoy mantiene contacto con los chicos que se alojan allí. “Varios de los que trabajábamos ahí nos dábamos cuenta de la situación en la que viven estos pibes. Los que están alojados en la Aldea no están privados de su libertad, ellos hacen visitas a sus casas acompañados por algunos operadores. Teníamos que ir y  pasar todo el día con él, con su familia. Viendo su entorno, cómo son las relaciones en el barrio”.

A pesar de lo que el imaginario colectivo construye a través de redes y medios de comunicación, las estadísticas en la Argentina y en el Chaco, muestran que el porcentaje de  adolescentes entre 16 y 18 que cometen delitos graves es bajo.

Según estudios de Unicef, para la población total de Argentina de adolescentes de entre 14 y 17 años, el 1,5 % de cada 10 mil, entran al régimen penal juvenil acusados por la comisión de algún delito o inclusive por contravención.

Por otra parte, 1,4 % de cada mil adolescentes de esa misma franja de edad entran al sistema penal. Hoy en Argentina, hay alrededor de 3900 adolescentes, incluidos en distintos dispositivos, porque no solo hay dispositivos de encierro que son establecimientos con características específicas, hay disposiciones de pabellones, rejas, muros y generalmente una fuerza de seguridad custodiando el perímetro o encargado de la administración total. De esos hay aún siente en Argentina, con fuerza presencia policial. El total es de 61 centros que están en áreas específicas y especializadas como el área de Adolescencia y Familia de la provincia.

Nuestro país tiene la obligación, por exigencia  de la Constitución y con el mismo rango, por pactos internacionales firmados, de dar al menor una sanción  que tenga una finalidad socioeducativa.

En ese marco, María José Bogado, operadora en Psicología Social y también miembro de la APP (Asociación Pensamiento Penal) Chaco, señaló que es importante contar y que se vaya conociendo que los adolescentes siempre que cometen un delito, son incluidos en un régimen de responsabilidad penal. “Es falso que entran por una puerta y salen por otra, porque las medidas que la Justicia toma tienen que ver con el tipo de delito, la edad, pero principalmente con el factor social”, opinó.

“La Justicia se fija en si la familia constituye un núcleo que pueda recibir y contener al adolescente; o si este necesita de un segundo núcleo de contención que lo pueda alojar o, en última instancia una medida de encierro. Pero siempre se lo imputa por el delito que comete”, detalló.

La Aldea fue creada en el 2003. Aunque sus objetivos fueron de reinserción a través de actividades recreativas, educativas y culturales su dependencia del Servicio Penitenciario, tornó al lugar más parecido a una cárcel que a un centro socioeducativo.

Recién en el 2015 se inició el traspaso a la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El traspaso de la Aldea al Ministerio de Desarrollo Social, no ha concluido aún. Es por eso que hay trabajadores que dependen del Servicio Penitenciario y otros son contratados por Desarrollo Social. Lo cual genera no sólo una confusión de jurisdicciones sino también en la concepción del Centro.

“El Servicio Penitenciario no tiene capacidad para educar, los educadores son otros y por eso debe ser relegado a la seguridad perimetral y asistir cuando los operadores lo necesitan”, explicó Kevin Nielsen de la APP.

A Octubre de 2017 hay 7 adolescentes varones en Tres Horquetas. En el año 2014 hubo una experiencia con dos mujeres adolescentes, que se alojaban en otro sector a través de un sistema mixto que les permitía tener salidas controladas.

De acuerdo a los testimonios que viene relevando la APP de Chaco, con los diferentes operadores que trabajan o que pasaron por el Centro, “si hay una contención como la que ellos le dan ahí, si los hacen pensar que hay otro mundo posible, son casi nulas las posibilidades de que cuando salgan de ahí vuelvan a delinquir. Fueron muy pocos los que no se recuperaron.”

Habeas Corpus Colectivo

El Comité Provincial contra la Tortura es un organismo encargado de realizar inspecciones periódicas en centros de detención para garantizar el cumplimiento de las leyes. Por ser pionero y ajustarse a estándares de leyes internacionales, el Comité, que fuera presidido por el abogado Mario Bosch, goza de prestigio en la materia. Debido a que en la práctica dejó de funcionar como un centro socioedeucativo, el Comité inició un pedido de Habeas Corpus colectivo a favor de los adolescentes, ante el STJ.

Silvina Canteros, presidente del Comité, aclara que fueron dos años que el Comité Provincial de Prevención de la Tortura vino recurriendo a todas las instancias, ante los diferentes poderes del Estado para poder solucionar la situación que atraviesan los jóvenes alojados en la Aldea Tres Horquetas, “hasta que se tomó la decisión de plantear una acción judicial para ponerle un límite a esta inacción y a esta deformación que significaba el Centro Socioeducativo”.

Esta semana, el Habeas Corpus, tuvo respuesta favorable.

Los jueces Toledo, Grillo y Valle, visitaron el lugar y conversaron con los chicos.También estuvieron el Procurador General y la Defensora General Adjunta. Todos coincidieron en que las condiciones en las que está funcionando la Aldea Tres Horquetas, no se ajusta a  las normas nacionales e internacionales.

Silvina Canteros, explicó que desde ese organismo impulsaron la medida con la idea que “(el Ministerio de) Desarrollo Social, que es el órgano de aplicación, pueda trabajar realmente con objetivos socioculturales y de inclusión y que no tenga la lógica de un Servicio Penitenciario, de control de personas detenidas”.

Ahora quedan plazos: 60 días para refaccionar las instalaciones, 60 días para un nuevo equipo humano de trabajo y 30 días para que se concrete el traspaso definitivo a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Además de la obligación de conformar una mesa de trabajo con todas las Áreas implicadas: el Comité Provincial contra la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría Gral. del Poder Judicial, la Dirección General del Servicio Social y Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social.

 

Los plazos empezaron a correr. Son varios los organismos interesados en asistir y acompañar. La APP aportó un Protocolo que permite tener presente todos los aspectos que hay que contemplar cuando de menores en conflicto con la ley se trata.

“Estamos perdiendo de vista a todos aquellos adolescentes que tienen una posibilidad de ser partícipes en el futuro de una sociedad fuera de los conflictos con la ley penal y ahora estamos violentando groseramente los derechos de las personas que están allí” aseveraba Silvina Cantero.

“Si le das la contención y salen y se los puede seguir conteniendo afuera, es imposible que vuelvan a caer en el delito, pero hay que darles contención, ellos la necesitan”, nos contaba M.

 

Fuentes: Asociación Pensamiento Penal Chaco/ Chacodiapordia/ Diario Norte/ Propias