El pasado viernes 7 de julio en el Salón Auditorio Legislativo de Resistencia, se llevó a cabo una charla en torno al Cannabis Medicinal, aspectos médicos, éticos y jurídicos, organizada por la Asociación Pensamiento Penal- Chaco.

Con gran presencia de público, alrededor de 200 personas, el evento contó la presencia como disertantes de la diputada nacional Lucila Massin, el Dr. Carlos Magdalena, jefe de Neurofisiología del Hospital de Niños R. Gutiérrez de Buenos Aires, y Mariano Fusero, abogado y Director del área de Política de Drogas de Asociación Pensamiento Penal.

Las exposiciones iniciaron con las palabras de la diputada Massin, quien aportó definiciones respecto de la Ley 27350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, aprobada este año por el Congreso de la Nación. En este sentido, expresó que si bien se sancionó la mejor ley que se pudo, “es una ley muy perfectible y quedó corta, porque no contempla el autocultivo”. Además, agregó que no considera las realidades que atraviesan las familias con integrantes que tengan alguna discapacidad o enfermedad. “La ley ha sido producto de la lucha de miles de organizaciones y familias que vienen peleándola durante tantos años.  Que como sociedad empecemos a discutir el acceso a la salud como una cuestión de derecho no es una cuestión menor”, señaló.

La conferencia continuó con las palabras del Dr. Magdalena, quien compartió sus vivencias de cómo se aproximó al estudio de las propiedades medicinales del cannabis sativa y de sus diferentes maneras de administración, a través de las experiencias de sus pacientes. Asimismo, brindó un informe pormenorizado de las investigaciones científicas y publicaciones a nivel internacional del valor terapéutico de la sustancia para dolencias tales como el cáncer, la epilepsia refractaria, el parkinson, entre otros.

Al ser consultado acerca de qué recomienda a las familias, teniendo en cuenta que el acceso es aún muy limitado, Magdalena consideró: “Todavía estamos transitando un momento de reglamentación del cannabis medicinal, hasta ahora lo único formalmente aprobado es la importación de un aceite que viene de Estados Unidos. Pero ese aceite es muy limitado porque sirve para el tratamiento de algunas dolencias, pero ¿qué hacemos con los otros pacientes que necesitan el cannabis sativa ante toda la evidencia de mejoría existente? No hay una respuesta, la única respuesta que podemos dar es el autocultivo. Es preciso que los que están cultivando puedan seguir haciéndolo y que la gente que necesita pueda contar con un cannabicultor solidario para acceder a la sustancia. Hasta que los laboratorios puedan producir los aceites pueden pasar 10 años, mientras tanto la solución es el autocultivo”.  En cuanto al rol de Estado en este proceso, Magdalena afirmó: “El Estado tiene que regular la seguridad y la excelencia, nadie se niega a eso. Qué mejor para una madre saber que lo que le está dando a su hijo es seguro y bueno”.  Al consultarlo acerca de si existe un consumo nocivo de la sustancia, Magdalena expresó: “cuando hablamos de consumo nocivo hablamos de consumo abusivo, el problema no es la planta, sino la conducta”.

Cerrando la jornada, Mariano Fusero brindó una conferencia enfocada en la historia de la prohibición del cannabis. Además, aportó más datos de investigaciones que comprueban la eficacia de los tratamientos paliativos y complementarios con esta planta en múltiples enfermedades. Otro de los temas que abordó fue la Ley de narcomenudeo, afirmando que su aplicación contribuyó a engrosar las estadísticas de criminalización de jóvenes en estado de vulnerabilidad socio económica. “Entre el 70 y 80 por ciento de las causas de la Justicia Federal están vinculada a perseguir consumidores”, expresó. “Ustedes acá tienen un fuero de narcomenudeo con una dilapidación de recursos enmascarada en una cuestión de persecución al crimen organizado que no persigue ningún narcotraficante, claramente está persiguiendo pibes humildes”, opinó el Fusero.

Al referirse a los motivos por los que se llegó a prohibir esta sustancia, dijo que hay razones manifiestas y no manifiestas. Entre las primeras está la suposición de que si se legaliza se libera el consumo, y esto conllevaría a un mayor daño social. Entre las finalidades no manifiestas que consideró que hay que visualizar, está el control social y la criminalización de algunas poblaciones. “Por ejemplo, en la actualidad en Estados Unidos, el consumo de marihuana entre la población blanca y la afrodescendiente es más o menos igual, incluso en algunas franjas etarias, es mayor en la población blanca. Sin embargo, la criminalización y la selectividad penal caen sobre la población afrodescendiente”. “Lo mismo ocurre en Buenos Aires, las fuerzas policiales requisan y reprimen a la población que va a tomar el tren en Constitución y Retiro y eventualmente usan estos datos para formar estadísticas de lucha contra las drogas”, afirmó el especialista.