En la fría madrugada del viernes 29 de julio, dos suboficiales de la policía fueron sorprendidos en el momento en el que abusaban sexualmente de una adolescente de 16 años. El ultraje tuvo lugar en una camioneta de la Policía del Chaco en el barrio Las Palmeras de General San Martín. La información se viralizó por el video de un vecino que se acercó con una linterna y un celular y grabó el momento. Podría haberse quedado en su casa, no involucrarse, dejarlo pasar pero decidió encarar la situación. Les preguntó a los agentes por qué había una adolescente en el patrullero, quienes sin responder la dejaron salir. 

En el video pudo verse al policía, desnudo de la cintura hacia abajo. Lamentablemente también se la vio a la joven. No sólo a través de whatsapp sino también en portales de noticias, el video se difundió rápidamente con lo cual se revictimizó a la joven, una y otra vez exponiéndola en una situación de vulnerabilidad, quien afirmó que fue obligada a subir al patrullero para luego ser abusada. Gracias al video del vecino no hubo espacio para la duda o la sospecha de si ocurrió o no, pero sólo debió ser usado para probar el delito, no para exponerla una y otra vez. La jueza de Niñez, adolescencia y familia de San Martín intervino de oficio y sólo para preservar un interés superior, como la integridad de la adolescente, tomó una decisión judicial que restringe a los medios de comunicación la reproducción del video.

La causa judicial avanza. La mamá de la joven hizo la denuncia y ambas ya declararon ante la fiscal Andrea Langhelloti, además del vecino que los filmó. Los policías Rodolfo Ariel Luna y Martín Pera fueron apartados de sus cargos, están detenidos y no están cobrando sus sueldos. Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Interno (OCI) de la Policía manifestó que, en paralelo a la causa judicial, se está realizando un sumario administrativo que, por la gravedad del delito, podría derivar en la expulsión.

Hace poco más de un mes, el 12 de junio, en esa misma ciudad, mataron a Josué Lago, un joven qom en el contexto de un procedimiento policial. La Policía reprimió con postazos de goma y disparos con arma de fuego, según publicó la Revista Litigio.

Dos casos muy cercanos en donde la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad se lleva por delante a los más vulnerables. Un joven indígena y una joven mujer. 

Nuevas masculinidades

La Fundación Alianzas Estratégicas nació en Resistencia “con la intención de abordar de manera interdisciplinaria problemáticas relacionadas a las masculinidades y al ejercicio de la violencia institucional desde la dinámica vincular entre varones” afirman en un post de su cuenta de Instagram. 

“Desde la Fundación Alianzas Estratégicas, el grupo que conforma las Masculinidades por el Cambio Social manifiesta su enérgico repudio al aberrante suceso de público conocimiento, sucedido en la localidad de San Martín, provincia del Chaco, y que involucra a dos suboficiales de la policía de la localidad, quienes están acusados abusar de una joven menor de edad en el interior de un móvil policial.

Como ciudadanos y como varones y masculinidades que comprenden su responsabilidad en la construcción de una sociedad menos hostil y violenta hacia las mujeres e identidades feminizadas, no podemos ignorar este accionar delictivo por parte de agentes de una fuerza que debería proteger y servir a la comunidad, en vez de vulnerar sus derechos, como tampoco podemos desconocer que no se trata de la primera vez que la policía del Chaco se encuentra involucrada en estas atrocidades contra la población, evidenciando siempre un accionar misógino, clasista y racista.

En una provincia que figura entre los primeros lugares por sus índices de femicidio y ataques a mujeres e identidades feminizadas, no alcanza con que el Estado tome las medidas correspondientes contra los autores del delito, sino que es necesario que las políticas públicas se ejerzan efectiva y responsablemente para prevenir, y no solo sancionar cuando el hecho ya se ha cometido.

Es indispensable, pues que el Estado afronte la competencia que le cabe en este hecho, sin intentar justificar o minimizar el delito cometido ni la parte de responsabilidad de los ejecutores y toda la jerarquía correspondiente, y sin perder de vista que no se trata de un mal policía, sino de un accionar institucional, reiterado y sostenido desde la estructuras del poder policial, y que para que cese, es imprescindible una perspectiva que forme profesionales de la seguridad y no agresores uniformados.

Párrafo aparte merecen los medios que, sin la menor perspectiva de género ni de derechos, reprodujeron el video, revictimizando a la joven atacada e ignorando por completo los derechos de la víctima, aún más siendo menor.

Los femicidios, homolesbotransfemicidios y los crímenes de odio y violencia sexual no son sucesos inesperados e impredecibles, sino consecuencia de una serie de violencias menores, naturalizadas y sostenidas contra las mujeres desde lo discursivo, lo económico, lo institucional y lo social, reproduciendo lógicas opresoras que llevan a los varones a creer que pueden disponer libremente del tiempo, el trabajo, los espacios, y finalmente del cuerpo de las mujeres. Esa lógica ejercida por un agente del estado con un arma resulta en hechos tan previsibles y aberrantes como imputado a estos policías.

Es por esto que exigimos una investigación transparente y eficaz que garantice a la víctima su derecho a la justicia, y políticas públicas de cumplimiento efectivo, y no a fines propagandísticos, que tiendan a la prevención y erradicación de las conductas misóginas, violentas ,sexistas, racistas y clasistas dentro de cualquier órgano estatal y más fundamentalmente en aquellos que implican la seguridad de la ciudadanía”.