*Por Tere Cubells

En los últimos meses acontecieron varios femicidios en la Provincia del Chaco mientras, además, se discute el trato otorgado por agentes de policía a una familia Qom en la localidad de Fontana, que incluyó maltrato a mujeres.

A la par en el tiempo, el Poder Ejecutivo provincial presentó públicamente algunos aprontes en la construcción de un nuevo presupuesto para el año 2021 –Decreto 750/20-, y el gobierno nacional remitió al Congreso sus lineamientos del presupuesto 2021.

Ante  la pandemia por Covid-19 y frente al cierre físico de escuelas y espacios de cuidado, se volvieron más relevantes las áreas del hogar, a cargo –principalmente- de las mujeres.

Las desigualdades en el mercado laboral y las brechas del trabajo doméstico y del cuidado, es una contribución negativa a la feminización de la pobreza.  Los efectos negativos del Covid-19 sobre la economía han reforzado esas desigualdades preexistentes.

¿Tienen alguna relación esos temas? Claro que sí.

¿Deben las políticas públicas ignorar esta situación? No, las políticas públicas no son neutrales al género, ya que tienen impacto sobre diversas brechas de desigualdad, impacto que puede ser positivo o negativo.

La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas es una estrategia fundamental, necesaria y sobre todo urgente en estos tiempos, para conseguir la igualdad de géneros y mayor incidencia de la diversidad y mujeres. Sabemos que no es un acto instantáneo, ni una medida única e inmediata, sino más bien un proceso, pero un proceso que debe ser robusto y creciente.

En un reciente informe, la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Mercedes D’Alessandro “Políticas públicas y perspectiva de género. La desigualdad a través del Presupuesto”, realiza un análisis pormenorizado de la incidencia de las políticas públicas sobre las brechas de ingresos entre varones y mujeres. Más allá de las conclusiones, se visibiliza que la creación de esta área ha sido una decisión relevante del Gobierno Nacional que toma nota de los cambios necesarios.

Los presupuestos públicos tienen impactos muy concretos en la vida de las personas y el ejercicio efectivo de sus derechos. A nadie escapa que la garantía de determinados derechos dependen de decisiones políticas y recursos suficientes, dos elementos centrales que se encadenan y demuestran –el uno con el otro- su propia razón de ser.

El enfoque de género y diversidad en los presupuestos no es “un tema de mujeres” o “una cuestión de minorías”, una sociedad justa se construye con acuerdos mayoritarios sobre políticas y asignación de recursos. No alcanza con afirmar que se pretende eliminar la desigualdad y se asignarán recursos, hay que establecer los mecanismos de asignación, seguimiento y control, que su vez garanticen  una mirada transversal del enfoque de género a lo largo de todo el ciclo presupuestario –desde la confección hasta la rendición final de lo ejecutado, para asegurar que haya suficiente conciencia de género y respeto a la diversidad en todas las políticas y presupuestos de todos los organismos del Estado.

El presupuesto provincial 2020 incorporó una asignación presupuestaria de 8.000 millones de pesos para abordar la violencia de género, un gran gesto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Presupuesto cuya ejecución debió –y debe- abordarse con esa mirada transversal, en forma participativa para poner en discusión el trato meramente burocrático de una herramienta poderosa.

En el mes de junio pasado el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación informó al Congreso de la Nación sobre los avances del Presupuesto 2021. En dicho informe se desarrollan las prioridades y acciones planificadas, en el que Género integra una de las cuatro prioridades de política económica con el objetivo de “transversalizar la agenda de género a todas las áreas gubernamentales”, anunciado el “diseño de políticas destinadas a generar autonomía económica a las mujeres y diversidades”, rescatando al presupuesto como “una herramienta para priorizar las políticas de los gobiernos” e informando en ese sentido “que se avanzará con la planificación de un presupuesto con perspectiva de género para poder visibilizar en la política pública la inversión real en las mujeres de todo el país”.

No ocurrió lo mismo en nuestra Provincia respecto del instrumento donde se definen los lineamientos del presupuesto 2021. El Decreto 750/2020 no hace una sola mención a una de las políticas que –desde nuestra perspectiva- consideramos central en coincidencia con el gobierno nacional.

¿Daremos los pasos necesarios para romper con el trato burocrático al presupuesto?

¿Expresaremos en términos concretos y de decisiones presupuestarias las preocupaciones que se suelen desgranar cuando se habla de violencia  de género y desigualdades?

(*)diputada provincial, Bloque Frente Grande

Publicado por Partido Frente Grande Chaco