El caso de abuso policial que puso nuevamente en la mira el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales no hace más que reafirmar la imperiosa necesidad de aplicar cambios orientados a la profesionalización, la formación en derechos humanos y el fortalecimiento de herramientas democráticas. Separarse de la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad ciudadana se convierte en una pieza clave para evitar excesos y garantizar derechos.  

La provincia del Chaco se volvió centro de la escena noticiosa cuando un video expuso a policías de la Comisaría Tercera de Fontana irrumpiendo y apresando violentamente a integrantes de una familia qom, en el barrio Banderas Argentinas. Los llevaron a la dependencial policial, dónde los detenidos denunciaron torturas, malos tratos y abusos. Hay una causa judicial en marcha y una investigación administrativa. Por esta razón estuvieron detenidos, con prisión domiciliaria hasta la semana pasada. 

La jueza de la causa, Rosalía Zózzoli decidió el cese de la prisión preventiva, sobre lo que la Secretaría de Derechos Humanos y Género, querellante en la causa, adelantó que apelará la decisión. El mayor responsable de la fuerza policial anunció que el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera, volverían al servicio activo pero no en la Comisaría Tercera pero el gobernador de la provincia tomó una decisión diferente. Los agentes continuarían en situación pasiva es decir, sin cumplir funciones. Esto decantó en la renuncia de tres autoridades de la Policía del Chaco: el jefe Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Mariela Noemí Aguirre.

Para Romero, según publica Diario Norte en su página de Facebook, “somos transitorios los jefes, lo que hago es por los policías que deben reincorporarse y no los dejan. Tengo 900 efectivos más con situaciones judiciales y, si debo medir con la misma vara, es injusto entonces». Al momento del cierre de esta nota, la renuncia de Romero no ha sido aceptada por Capitanich.

En el portal Chaco Día por Día, el periodista Brian Pellegrini hace un aporte valioso para entender el marco legal con la cual se puede comprender la decisión del gobernador y la de los policías. “Hasta hoy, aun cuando seguían siendo investigados por la justicia, la Jefatura de Policía reincorporaba automáticamente al servicio activo a los agentes policiales que recibían la libertad en la investigación penal. Para ello, se fundaba en una interpretación capciosa de un artículo de la ley del Régimen del Personal Policial -sancionada en 1972, es decir, durante una dictadura- en el cual se establece que revistará en situación “pasiva” cuando se encuentre “bajo proceso o privado de su libertad en sumario judicial, mientras dure esa situación”.

En la decisión del Gobierno Provincial, en cambio, se da por sentado que estar bajo investigación penal preparatoria es estar “bajo proceso” porque en el Código Procesal Penal del Chaco no existe la figura del “procesado”, como sí sucede en el fuero federal. En ese contexto, resolvió que los cuatro agentes policiales que son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su función permanezcan, en términos administrativos, en situación “pasiva”.

Las renuncias de hoy, las diferencias de ayer

En el año 2011, la legislatura de Chaco aprobó la ley de Seguridad democrática, pero no fueron implementados formalmente muchos de sus artículos.

El 5 de junio de este año, el gobernador anunció la decisión política de poner implementar varios artículos de la misma. El anuncio fue puesto en el contexto de lo ocurrido en Fontana: Implementar la Dirección de Control Policial, reglamentación y ejecución de la auditoría interna, inspecciones preventivas y defensoría letrada, darle un marco normativo a la guardia permanente de DDHH (la cual viene trabajando pero sin un marco formal), la creación de la Defensoría del Policía, la implementación de un Manual de Buenas Prácticas de la Policía de la provincia, capacitación en políticas de género, derechos humanos, derecho indígena, ley Micaela, ley de Interculturalidad obligatoria para todos los agentes públicos y cupo indígena para la integración a las fuerzas de seguridad.

Esta ley aporta herramientas para que los funcionarios civiles lleven adelante el proceso administrativo de investigación, lo que va a significar un cambio en los procedimientos policiales. En la actualidad son los mismos integrantes de la fuerza de seguridad los que llevan adelante el proceso. 

Respaldo político para no admitir la represión

Para el Partido Frente Grande del Chaco, integrante de la coalición gobernante, la Policía no puede ser conducida por quienes avalan la represión. De esta manera, da respaldo político al gobernador Capitanich de no admitir el reingreso a las actividades del personal de la Comisaría de Fontana, mientras se esté investigando el hecho y para que acepte la renuncia de la cúpula policial.

“Consideramos una actitud inadmisible la asumida por la cúpula de la Policía provincial de intentar la reinstalación del personal con la excusa de la liberación por parte del Poder Judicial de los agentes que fueron claramente identificados por filmaciones en el marco de la represión. Una decisión que, de hecho, se transforma en este contexto es un aval político de las autoridades policiales, no solo a los agentes involucrados sino también a este tipo de accionar”, dicen en un comunicado difundido.

“El sistema democrático debe apreciar el valor del respeto a las libertades individuales y cumplimiento de la normativa vigente, máxime en aquellos funcionarios públicos cuya tarea es velar por la seguridad de la población. Y aquellos funcionarios que privilegien intereses corporativos por sobre los sociales no pueden asumir responsabilidades públicas. La Policía del Chaco no puede ser conducida por quienes habilitan la represión”, continúa.

Por otra parte, el Frente Grande lamenta “la dubitativa actitud de un sector del Poder Judicial del Chaco que no termina de expresarse claramente por el cuidado de ciudadanas y ciudadanos y no muestra compromiso con la investigación profunda de hechos represivos, que adquieren el carácter estructural en nuestra Provincia”.

Además de respaldar la decisión de no avalar prácticas represivas, resaltan la clara señal que significa de parte del gobierno de la provincia de poner al frente de la política de derechos humanos a la vicegobernadora Analía Rach, a la ministra de Seguridad Gloria Zalazar y a la secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez, tres mujeres con formación en derechos humanos y géneros.

Falsos dilemas

Es indudable la necesidad de cambios en los modos de funcionar de las fuerzas policiales en Chaco y en Argentina. Profesionalización de los trabajadores de las fuerzas de seguridad implica una mejor formación, que les brinden herramientas democráticas, ajustadas a la ley, permanentemente actualizadas, para poder intervenir sin vulnerar derechos. Mejores controles para evitar excesos. 

El retobe policial que instala algunos falsos dilemas como estar de lado de la policía o de quienes defienden los derechos humanos de los delincuentes, no es tal. Un trabajador policial con formación legal y democrática, también debe defender los derechos humanos de todas las personas. Quienes delinquen deben ser procesados, enjuiciados y, si el proceso lo establece, encarcelados, perdiendo el preciado derecho de la libertad. El desplante de la denominada cúpula policial no ayuda a ese proceso necesario de intervención de los ciudadanos en el funcionamiento de la fuerza, la institución no es un todo intocable que el poder político solo puede ver desde afuera, sino que es parte del entramado de servicios que sostiene el Estado provincial y como tal debe dialogar con quienes lo administran.