“En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, dijo el presidente de la Nación Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas el pasado domingo. Dentro de los próximos diez días enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto y otro para garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Además, el Gobierno Nacional lanzará un “contundente” programa de educación sexual integral para prevenir los embarazos no deseados.

Fue tal vez el anuncio más esperado y festejado entre lágrimas por las y los legisladorxs dentro del recinto y las militantes fuera del Congreso. Los pañuelos verdes estuvieron presentes en las bancas –más de cien legisladorxs lo exhibieron-. El último pañuelazo del 19 de febrero dejó un claro mensaje político: el proyecto está en las calles y 2020 tiene que ser el año en el que Argentina pueda decir “el aborto es legal”.

En el mismo sentido, Fernández anunció el llamado “Plan de los 1000 días”, un proyecto orientado a garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Este plan pone la mirada en las realidades más vulnerables: “La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los aspectos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo y aquellas que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollan accediendo plenamente al sistema de salud”.

Si bien el discurso presidencial fue claro y contundente, quedan sumar adhesiones en el Congreso. Hay varios puntos álgidos en el proyecto que habrá que negociar, como las especificidades de la objeción de conciencia y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de menores de edad.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito exigen que el debate parlamentario sea urgente, sin dilaciones, sin violencia: “Siempre hemos planteado un debate franco, científico, en el marco de derechos, sin hipocresías ni golpes bajos. Queremos ponerle fin a la clandestinidad, a la criminalización y penalización de nuestras decisiones y deseos”, dice el comunicado emitido por la organización autora del proyecto que se enviará al Congreso.

La propuesta cuenta con amplia legitimidad parlamentaria y una larga trayectoria de lucha colectiva: “Nuestro proyecto de ley de IVE es producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia. Lo presentamos por octava vez en 2019 con más de 70 firmas de diputados y diputadas, y tiene el apoyo de senadoras y senadores de todo el arco político representado en el Congreso de la Nación. Proyecto que ha tomado lo aprendido por el debate político y social del 2018 y de 15 años de historia de la Campaña”.

“Los argumentos expuestos por Alberto Fernández sobre la necesidad de legalizar y despenalizar la práctica del aborto, son argumentos generados, construidos, instalados y difundidos por todo el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país, las décadas de lucha que llevamos transitando generaron las condiciones para que hoy seamos protagonistas de este momento histórico”, concluye el comunicado.

Le toca al Congreso de la Nación reabrir el debate y que sea superador al dado en 2018, cuando el proyecto de IVE logró media sanción en Diputados, aunque no alcanzó su aprobación en la cámara alta. Dos años después, hay una sociedad más informada y las bancas en el Congreso parecen jugar a favor de los derechos de las mujeres a decidir transitar su maternidad o interrumpirla voluntariamente, en condiciones dignas, libres y gratuitas.