Esta es la cuarta semana de reclamos de la comunidad wichí en una vasta zona de El Impenetrable chaqueño. La modalidad de protesta es con cortes de rutas durante algunas horas para visibilizar el estado de “abandono” estructural que vienen sufriendo los pueblos indígenas. El detonante fue el plazo vencido el 17 de septiembre pasado, prometido por el Ejecutivo chaqueño para finalizar la obra de ampliación de red de agua potable que se ejecuta para asistir a las familias de unos 40 lotes, ubicados entre El Sauzalito y el paraje El Vizcacheral. El temor de la comunidad es que, una vez pasadas las elecciones, no concluyan los trabajos que llevarían el fundamental líquido a la población. Sin embargo, los pedidos también refieren al acceso a la energía eléctrica que en pleno siglo XXI aún algunas personas tienen denegado. 

Héctor Palavecino, de la comunidad wichí, con familiares en Sauzal, describió los detalles de dos cortes de ruta que se realizan en Wichí El Pintado y otro entre Sauzalito y Tres Pozos. “El reclamo de la comunidad es de varios días, ya debe ser la cuarta semana. La primera fue con la modalidad de acampe al costado de la ruta pero estos últimos días ya con cortes en horarios programados”, describió a Revista Bohemia. La situación de olvido de las comunidades se recrudece en el caso de la etnia wichí que no ha sido contemplada  con la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que obliga, ya hace 12 años al Estado Nacional, a proveer co­mida y agua a los originarios qom en El Impenetrable.

Según Palavecino, “el principal reclamo es el agua que tanto el gobierno como las autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) prometieron traer y todavía no cumplieron. En ese momento que habían venido (en referencia a una visita en el mes de julio), también se comprometieron en mejorar el tema de la salud del pueblo, no hay médicos ni remedios y hasta ahora ese compromiso está incumplido”, explica el hombre que además especifica que en el orden municipal las respuestas también tardan en llegar.

Muere un niño camino al hospital

Las situaciones en el norte de la provincia son difíciles de afrontar para los sectores más vulnerables. Los recursos nunca son suficientes. “Hubo una urgencia con un nene que debió ser trasladado desde Tartagal y, debido a que hay una sola ambulancia que ya se había ocupado con otro traslado hacia Juan José Castelli, lo llevaron en un vehículo particular y falleció en el camino”, comentó una fuente sanitaria consultada por Revista Bohemia. Según el informe suministrado vía whatsapp a los profesionales de la Región Sanitaria V,  “a las 5:42 en el día de ayer -por el martes 1 de octubre- hubo pedido de ambulancia de ese paraje. Niño con dificultad respiratoria. Ambulancia estaba en traslado a Castelli, lo traen en móvil particular que por el estado de lluvias demoró más de dos horas y fallece en el camino el niño”. 

Si bien aún no se accedió a la información sobre la causa de muerte del pequeño, no es difícil inferir que las faltas estructurales de herramientas que mejoren la calidad de vida de la población, contribuyen a condiciones carentes de dignidad para ese sector de extrema vulnerabilidad. Una problemática sin resolver de vieja data, que en contexto de elecciones puede prestarse a confusión, aunque es innegable la desidia constitutiva de los sucesivos gobiernos de turno garantes del cumplimiento de derechos de las personas. La salud, en sentido amplio, fue el talón de Aquiles en la zona desde hace mucho tiempo. A esa carencia fundamental para el desarrollo de los pueblos, se suman la actual crisis económica y una interculturalidad escasamente lograda y marcada por un racismo por goteo permanente. A este contexto se debe agregar la propia discriminación dentro de las comunidades, entre etnias o más bien clanes que de hecho se pone de manifiesto en el abordaje de los problemas en el propio IDACH, organismo que debe representar a todos los pueblos y en el que una vez más recaen denuncias de “abandono”.

Sin embargo, la medida de fuerza del pueblo wichí se fortalece según corren los días. La indignación los fortalece y hace persistir en su postura. Los originarios se sienten excluidos por el IDACH y piden la presencia de su presidente, Orlando Charole. Esta etnia denuncia “discriminación” por parte de la conducción del organismo que fue creado a fin de atender las necesidades de los tres pueblos originarios que tiene la provincia. Sin embargo, según expresan en el acampe, la comunidad wichí no tiene respuestas. 

Repercusiones desde la Justicia 

Mientras las respuestas desde siempre han significado parches asistencialistas al abandono estructural, a instancias de la puesta en funcionamiento de la prueba piloto del proyecto de Defensorías Itinerantes que lleva adelante el Ministerio Público de la Defensa, que busca el acceso a justicia de los sectores más vulnerables y alejados, “el día jueves 26 de septiembre, los integrantes de la ‘Defensoría Itinerante’ compuesta por la defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, el secretario, Andrés Perino y la Comisión del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya visitaron los destacamentos policiales de Fortín Belgrano, Paraje el Tartagal y Paraje Tres Pozos”, según lo anunciaron desde el organismo.

En contexto de esas recorridas por la zona mantuvieron contacto con la comunidad que lleva adelante la medida de fuerza en las rutas. “Desde la Defensoría General se escucharon los reclamos de la comunidad respecto a sus necesidades y se propusieron diversas alternativas a fin de lograr el pleno cumplimiento de sus derechos económicos sociales, culturales y ambientales por parte del Estado. Se entrevistaron con miembros de la comunidad que se encuentra cortando la ruta a la altura de Wichí hace días. Los mismos manifestaron que las autoridades no se han acercado a hablar con ellos y que sus reclamos no son escuchados por el IDACH. «Solicitan agua y energía eléctrica, un tractor para poder trabajar la tierra, entre otros reclamos vinculados a la educación y la salud”, indicaron desde la Defensoría y sostuvieron que el pueblo wichí está dispuesto a continuar con la medida de fuerza “de persistir el silencio por parte de los organismos oficiales” y que de hecho procederán a “intensificar el reclamo”.

Desde el Ministerio Público de la Defensa se comprometieron a poner en conocimiento sus reclamos y a brindar el asesoramiento necesario para el caso en que decidan judicializar la situación. Con la urgencia del caso elevaron un oficio al IDACH poniendo en su conocimiento lo planteado por la comunidad. Al mismo tiempo recorrieron junto a los referentes parte de la reserva y constataron las condiciones en la que vive la comunidad, integrada por aproximadamente tres mil personas.

De hecho, antes de regresar a Resistencia, la comitiva realizó una presentación ante el Juzgado de Misión Nueva Pompeya, según se publicó en la página del organismo judicial. “En el día de la fecha -por el 27 de septiembre- la defensora General Adjunta Gisella Gauna Wirz,  presentó ante el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya una acción de amparo y medida cautelar patrocinando a los vecinos del Paraje el Tartagal -en su mayoría pertenecientes a la etnia wichí-, a fin de garantizar la provisión de energía eléctrica y agua potable. Noelia Almirón, juez del Juzgado Multifueros, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al intendente del Sauzalito y a la empresa Secheep a que se provea en forma inmediata combustible para el funcionamiento de los grupos electrógenos que garantizan el suministro de los vitales elementos”, reza la publicación de la página oficial de Facebook del Ministerio Público de la Defensa.