Aumentan las voces en contra de la resolución publicada por el gobierno nacional mediante la cual crea un Servicio Cívico Voluntario en Valores. La prueba piloto de esta suerte de Servicio Militar aggiornado que comienza en septiembre estará bajo la órbita de la Gendarmería Nacional. La inscripción es voluntaria y está destinada a jóvenes de entre 16 y 20 años, cuya formación debería estar a cargo aún de la escuela secundaria.

Estas son algunas de las voces institucionales, educativas y políticas que analizan la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

La Asociación Pensamiento Penal (APP) expresó su enérgico rechazo a la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación por la que se crea este servicio destinado a capacitar en valores democráticos y republicanos a los jóvenes.

«La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, que integra el sistema de Defensa Nacional, cuyos principales objetivos no son los que le asigna la decisión ministerial y que, lejos de consolidarla, parecen distraerla y hacerle cumplir propósitos ajenos a sus fines. La capacitación en valores democráticos y republicanos de la juventud debe ser proporcionada por las instituciones específicamente creadas a esos fines y, principalmente, por el sistema educativo».

«La iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación encubre el deliberado propósito de reinstalar un disimulado Servicio Militar que la República Argentina abandonó hace muchos años, ya que los jóvenes deben ser preparados para la construcción de una sociedad pacífica y no para la guerra», agregan desde la APP.

Miradas opositoras

La diputada nacional Lucila Masin también cuestionó este proyecto: «Antes que un programa de voluntariado, necesitamos un gobierno que genere políticas públicas que amplíen horizontes y destinen más recursos a sus jóvenes», manifestó. En este sentido, recordó que hace menos de un mes el Indec anunció que en doce meses la tasa de desocupación en Argentina alcanzó los dos dígitos (10,1%), es decir 220 mil personas más que un año atrás, y que más de la mitad (52,7%) tienen menos de 29 años; con una tasa del 18,5% para varones y del 23,1% para mujeres.

Masin aportó que las situaciones que más golpean hoy a adolescentes y jóvenes argentinos son «el recorte de recursos a universidades, la reducción y precarización del mercado del trabajo y la ausencia del Estado para sostener proyectos artísticos o deportivos en barrios y poblaciones rurales». Ante esa situación, planteó: «Necesitamos menos ofertas de trabajo que signifiquen explotación y sueldos de miseria como las que alienta el gobierno nacional. Necesitamos otra política tarifaria para que los clubes puedan mantenerse abiertos y ser el motor de la actividad deportiva. Necesitamos más recursos en playones deportivos y centros culturales, y no en anuncios de publicidad de cosas que no le cambian la realidad de hambre a nadie», insistió.

El programa piloto que la ministra de Seguridad de la Nación presentó el martes como «un espacio para retomar estudios y formarse en un oficio, no está vinculada con un sistema de becas de estudio o de prácticas profesionalizantes, ni mucho menos con un presupuesto específico, y solo utiliza predios de Gendarmería considerados ociosos», cuestionó la legisladora.

Por otra parte, su par nacional Analía Rach Quiroga anunció a través de sus redes sociales que presentó un proyecto de resolución de «repudio y rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, bajo la órbita de la Gendarmería Nacional, dirigido a adolescentes de 16 a 18 años y a jóvenes de 18 a 20 años».
«De esta manera, el Poder Ejecutivo abona a un modelo de la infancia y adolescencia contrario al paradigma de derechos humanos consagrado por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, reforzando una concepción que asimila a los adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables con sujetos ‘peligrosos’ o en situaciones de riesgo que requieren de intervención estatal.
Los valores democráticos y republicanos se construyen y aprehenden en la escuela y la comunidad, no son valores y conocimientos que se construyan asistiendo a cursos coordinados y desarrollados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional. La capacitación en valores democráticos y republicanos de nuestros/as adolescentes y jóvenes debe ser proporcionada, principalmente, por el sistema educativo», sentenció Rach Quiroga en su cuenta de Twitter.

El análisis de sectores educativos

Otro sector que salió a cuestionar la decisión fue uno de los gremios que nuclea a los docentes universitarios de todo el país, la Conadu Histórica. «El decreto justifica el rol que se le asigna a la fuerza de seguridad en tareas de colaboración que la misma habría prestado en diferentes instancias; sin embargo, esa institución no tiene nada que ver con los contenidos que supuestamente se busca promover; por el contrario, ha sido reiteradamente utilizada para la represión de la protesta social, además de no tener previsto entre sus funciones las tareas que se le pretende encomendar», señalaron.

«Basta recordar la violencia ejercida contra manifestantes que rechazaban la llamada reforma previsional (e incluso contra legisladores) en las inmediaciones del Congreso de la Nación el 14/12/17, el desalojo con gases y balas a los estudiantes de la Universidad de Río Negro en diciembre de 2018, y la persecución contra una comunidad mapuche el 1/8/2017 cuando se vio por última vez con vida a Santiago Maldonado», enumeraron al diario La Voz del Chaco.
La ley que rige a la Gendarmería la define como una «fuerza de seguridad militarizada» que tiene como misión ser «policía de seguridad y judicial del fuero federal» y le encomienda la «prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales», ante lo cual subrayaron que «nada de eso tiene que ver con la promoción de valores democráticos». Y contrapusieron: «Los organismos de derechos humanos son quienes han defendido de manera consecuente los valores democráticos; muchas organizaciones sindicales, en particular en la docencia de todos los niveles, han ejercido los derechos a través de la acción gremial, de la solidaridad y de la lucha por causas colectivas; y muchos movimientos sociales impulsan a diario actividades solidarias y participativas para dar respuestas a las necesidades de la sociedad, asumiendo labores que el Estado ha abandonado».
Tras señalar esto concluyeron que «la iniciativa del Gobierno no apunta a formar ciudadanos, sino a repetir experiencias autoritarias y a profundizar la lógica de control social militarizado sobre la sociedad, apuntando en este caso a jóvenes y adolescentes», por lo que demandaron la derogación de esta cuestionada resolución.

Desde la órbita social

Por su parte el dirigente del Frente Popular Darío Santillán, Miguel Chamorro, al ser consultado sobre esta decisión, consideró que «es una medida desesperada que tiene el gobierno, apuntando fundamentalmente a quitar espacio a los movimientos sociales que cada vez tienen más crecimiento, generando una supuesta actividad para los sectores más vulnerables, pero sin profundizar las causas reales que hacen este enorme espectro de jóvenes sean futuros portadores de problemas», analizó. «La causa fundamental tiene que ver con otros factores, vinculados más con la miseria, falta de expectativas, sobre todo laborales y de vida», destacó. «Existen amplios sectores que son bolsones marginales donde la droga se instaló para quedarse y esta política de bombero llega tarde para apagar un enorme incendio que ya ha consumido a amplios sectores que deja como resultado hechos de violencia que a diario se ven tanto en la provincia como en el país», diagnosticó. «Desde un punto de vista revolucionario lo que falta es un servicio activo de participación con un amplio sentido popular y antiimperialista, pero los que están en el Gobierno eso no les interesa», sostuvo el dirigente social.