Así lo entiende la abogada feminista y presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, Soledad Deza, quien conversó con Revista Bohemia en su reciente visita en el mes de mayo a la ciudad de Resistencia.

El 28 de mayo se presenta por octava vez un proyecto de ley de parte de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito al congreso de la Nación. Busca la despenalización voluntaria del embarazo dentro del primer trimestre sin necesidad de alegar causales y además la legalización de la prestación médica.

“En primer término, cuando hablamos de despenalización se trata de quitarle la connotación de crimen o delito que tiene la decisión de interrumpir un embarazo por fuera de las causales legales. Y en segundo término, tiene la connotación especial de legalizar las prácticas”, explica la especialista. El texto que ingresará a fin de mes al poder legislativo versa expresamente que la interrupción voluntaria del embarazo  va a formar parte del Plan Médico Obligatorio (PMO): “Una vez que se desincrimina la conducta, al ser una prestación médica lícita, el Estado tiene la obligación de garantizar la práctica en los tres subsectores de la salud: público, privado y de obra social”.

Objeción de conciencia

El trabajo en comisiones para este nuevo documento recogió parte del dictamen que obtuvo media sanción el año pasado. Desde ahí se plantea generar una sanción para los profesionales que denieguen la prestación médica. Al igual que el proyecto anterior, no incluye la objeción de conciencia.

“En lo personal me parece importante destacar que objeción de conciencia está siendo malversada por los sectores de salud. Este mecanismo nació como una herramienta noble destinada a proteger minorías atribuladas, que en el juego de mayorías podían ver arrasada su posición, por ejemplo para el servicio militar”, explica Deza. Sin embargo, “frente a los derechos sexuales en general y al aborto en particular, vemos a través de la experiencia es que la objeción deja de funcionar como una herramienta de minoría y funciona como una herramienta de mayorías cuantitativas”.

Se refiere a mayorías cuantitativas porque hay instituciones enteras que se declaran objetoras y, entiende Deza que “esto equivaldría a legitimar la objeción de conciencia institucional, que no tiene razón legal de existir”. También entiende que en la relación médico paciente se da una desproporción cualitativa “porque la objeción la ejerce la parte fuerte que es el profesional de la salud”.

“Se suele olvidar que las usuarias también tienen libertad de conciencia. En general hay una intuición de ignorar que quien ha tomado una decisión de interrumpir un embarazo y se ve escrutada por  profesionales de la salud en su decisión, juzgada moralmente o en el intento de ser disuadida, ven arrasada su propia libertad de conciencia”, explica.

Judicialización de los casos

Aunque el fallo conocido como “FAL” lo determine claramente, existen casos en donde los profesionales de salud o las instituciones judicializan las solicitudes de las usuarias. “Al haber resuelto el fallo FAL que la prestación de aborto permitido por la ley (en las causales que son violación y de salud), son prestaciones médicas legales”. De aprobarse la nueva ley, estaremos hablando de prestaciones médicas lícitas: “Al igual que cualquier prestación médica lícita es imposible judicializar, porque hacerlo supone por un lado sacar la prestación del ámbito de confidencialidad que tiene que existir en el marco de la relación médico-paciente. Por otra parte, condicionar a la autorización de un juez una prestación médica que no la necesitaría”.

Un pedido de autorización judicial equivale a poner una barrera, dilatar o intentar disuadir a la usuaria: “La Corte específicamente habló de barreras para referirse a cualquier tipo de acción médico burocrática que tienda a obstruir un proceso de interrupción legal del embarazo”. Deza recordó también, que el fallo FAL se refirió como violencia institucional a este tipo de prácticas obstaculizantes.

La redacción de esta nueva propuesta es el resultado de un trabajo de cuatro meses de una comisión especial de profesionales y militantes feministas de todo el país. Aunque los números en la Cámara de Senadores no son muy alentadores, ya que su composición es la misma que el año pasado, la “marea verde” promete volver a ser un hito en Latinoamérica y el mundo.

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