Las universidades nacionales adhirieron a la “Ley Micaela” en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que prevé la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. La norma establece -entre otros puntos- la capacitación obligatoria en materia de género para las personas que ocupan cargos en los tres poderes del Estado, en todas las jerarquías.

El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.

Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y coordinadora de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE), señaló a Página 12 que la “Ley Micaela” contempla como destinatarios de las capacitaciones a los funcionarios de la gestión pública de los tres poderes del Estado y de organismos descentralizados. Sin embargo, las universidades nacionales no estaban especificadas en la normativa.

La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) del CIN es el organismo encargado de coordinar y evaluar la calidad de los programas de capacitación que elabore e implemente cada casa de altos estudios. La Red trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Políticas Universitarias.

Para Torlucci, la aplicación de la ley dentro del sistema universitario “va a tener a largo plazo una reparación de desigualdad y, a corto plazo, implicará hacerse cargo de resolver problemas de violencia de género, los que ya se han dado o que se den de manera inmediata”. Señaló también que la adhesión a la ley implica una mejora en la calidad educativa, ya que posibilita “curricularizar la perspectiva de género”.

“Hoy nuestros futuros dirigentes se forman en las universidades y por eso es fundamental que tengan perspectiva de género. Que se sumen a la Ley Micaela es el primer paso”, sostuvo Néstor García, padre de Micaela, integrante de la RUGE y decano de la Regional Concepción del Uruguay de la UTN.

Reconocimiento de la UTN a la diputada Rach Quiroga

La diputada Analía Rach Quiroga, vicepresidenta de la Comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia, es una de las autoras de esta propuesta que acabó en proyecto colectivo y fue aprobada por unanimidad en diciembre de 2018 en sesiones extraordinarias. La UTN entregó un «reconocimiento al compromiso en la elaboración de la Ley Micaela a Rach Quiroga, en el marco de la charla que ofreció la legisladora en la sede de la universidad, para explicar la gestación de la normativa que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Rach Quiroga expresó su respeto y admiración profunda por el padre de Micaela “quien supo transformar el dolor en acción”.  Resaltó que “trabajamos todos los días por el país más justo que Micaela soñó. Es fundamental que la adhesión a la ley se replique en todos los rincones de la Argentina para prevenir, capacitar y sensibilizar sobre la violencia machista».

Participaron de la actividad el decano de la UTN Buenos Aires, ingeniero Guillermo Oliveto; el ingeniero Néstor García, papá de Micaela y decano de la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay; y Marisa Herrera, especialista en Derecho de familia y parte del colectivo que trabajó en la elaboración del proyecto.

La OEA también reconoció la ley

A los pocos días de ser sancionada, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la aprobación de la ley Micaela en la Argentina. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer definió a la iniciativa como “un significativo avance en cuanto a fomentar la capacitación del personal de administración de justicia, policial y demás funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley, así como del personal cuyo cargo se encuentre la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres”. El Comité saludó “la voluntad política del Estado Argentino de avanzar en el camino por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de la capacitación permanente y a nivel estatal, a fin de garantizar el derecho de todas las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia”.