La comunidad originaria de Villa Río Bermejito reclama la asistencia con mercadería que debe cumplirse por una medida cautelar vigente desde el año 2007. Según denunciaron “los módulos de alimentos no llegan desde hace 4 meses y la situación se hace desesperante para la gente”.
“La última vez que el ejército nacional vino a traer la mercadería fue en noviembre del año pasado” de acuerdo a lo que detalló Roberto Díaz del pueblo qom, a Revista Bohemia.
La comunidad comienza a organizarse para ser escuchada. Según anticipó Laurencio Rivero “nos reunimos en asamblea el miércoles 20 sobre la ruta 3, para que haya una respuesta urgente porque el hambre no puede esperar”. Rivero, que aclaró que “no somos de ningún partido ni queremos hacer política con esto”, sostuvo que esperan que “la Justicia haga cumplir esa medida cautelar y que no esperen que la gente se muera de hambre como pasaba antes del 2006”.
La asamblea originaria, de la que que también participaron campesinos criollos, labró un acta con la firma de la “multitud presente”. Según estimaciones más de 600 personas se agolparon sobre la ruta provincial número 3.
Por su parte Díaz, anticipó que “estamos haciendo un relevamiento de las familias que verdaderamente necesitan los módulos, porque sabemos que hay gente que la recibe y no necesita. Para que cuando vuelvan a mandarla llegue a los hermanos que están contemplados en la medida cautelar que el Gobierno Nacional hoy no está cumpliendo”. Además dijo que a»algunos que cuentan con pensiones de la provincia se las ingenian para hacer estirar, pero no todos tienen ese beneficio y la hambruna crece en nuestro pueblo».

La intervención judicial lleva doce años
Los reclamos indígenas se dieron sobre fines de 2006, durante la gestión de Roy Nikisch como Gobernador. En ese momento fotografías de personas, sobre todo ancianos, con graves índices de desnutrición recorrieron los medios de comunicación del país.
El 29 de agosto de 2007, los gobiernos de turno en la provincia y la nación recibieron la intimación de la Suprema Corte de Justicia Nacional en relación con las condiciones de vida de comunidades indígenas asentadas en el Impenetrable. Ese día, el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, había presentado ante la Corte una demanda en la que solicitaba que se detuviera el “exterminio de comunidades aborígenes qom”.
El texto advertía que “si no se realizaban acciones inmediatas las poblaciones tenderían a desaparecer” y dictó medidas para evitar esta situación que violaba los derechos humanos incluidos en la Constitución. Ordenaba que se adoptaran medidas para modificar las condiciones de vida de las poblaciones que se encontraban en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable. Se exigía la protección de comunidades del sudeste del departamento Güemes y noroeste del departamento General San Martín, poblaciones que “vivían en condiciones inhumanas a consecuencia de la omisión de los Estados provincial y nacional en prestar la mínima asistencia humanitaria y social”.

De acuerdo a una publicación del periodista Eduardo López en septiembre de 2017, cuando se cumplian diez años de la intervención judicial para evitar más muertes por desnutrición en la la comunidad qom, fue necesario en esos momentos una “audiencia histórica” para que el pueblo originario sea escuchado. Tal lo detalló López, “el 6 de noviembre de 2007 en una audiencia histórica la Corte Suprema con los representantes de la Nación, de la Provincia y del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) escuchó el alegato de estos últimos representados por Orlando Charole y Egidio García e insistió en reclamar acciones concretas y no intenciones. En una audiencia realizada el 5 de marzo de 2008 la Corte pidió la búsqueda de soluciones para los aborígenes”.

El artículo también comenta la visita de uno de los entonces magistrado de la Corte, Raúl Safaroni, al norte provincial para corroborar que se cumpla lo estipulado por el máximo tribunal. “Los días 1, 2 y 3 de abril de 2009 (ya bajo la gobernación de Jorge Capitanich), recorrió el Impenetrable el juez de la Corte Raúl Zaffaroni para verificar cómo se cumplía la orden de asistencia a las comunidades. Junto al gobernador, estuvo en Comandancia Frías, El Sauzalito, El Espinillo, Pozo de la China, Paso Sosa, El Colchón, Paraje La Sirena y en Castelli en la construcción del nuevo hospital. Cinco años después, en marzo de 2014 una delegación de la multisectorial de Pampa del Indio presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema exigiendo que se cumpla la cautelar por la cual se ordenó a los Estados provincial y nacional la entrega de agua, alimentos y vivienda a los pueblos originarios. Patrocinada por el equipo jurídico de la CTA, la multisectorial de Pampa del Indio presentó una demanda penal ante la Corte Suprema exigiendo el inmediato y pleno cumplimiento de la medida cautelar que exigía al Estado nacional y provincial que se entregue agua, alimentos y vivienda a los pueblos originarios. Tras de 26 días de haber llegado a Buenos Aires la multisectorial fue atendida por la Corte. El 5 de noviembre de 2014 el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, vino al Chaco para visitar comunidades y constatar las falencias que su equipo de trabajo detectó durante la recorrida llevada adelante la semana anterior. Esto viene del año 2007, es decir que a 7 años de dictada la cautelar hubo importantes avances de la situación de aquella época a la actual en obras de infraestructura y mejores condiciones para las comunidades, pero hay que decir que hoy en día algunos aspectos, sobre todo en el tema del agua y la alimentación, están con falencias. “Hay lugares sin provisión de agua, se cambió el sistema de entrega y hay lugares donde no llega. Constatamos que hay familias que toman agua de charcos y tienen que caminar hasta tres kilómetros para acceder a ella. En caso de los alimentos, consideramos que la bancarización realizada en la provincia (tarjeta alimentaria) perjudicó a distintas comunidades, porque en definitiva el monto que les habilitan lo terminan gastando en transporte”.
Cuando se cumplían 10 años de la cautelar Eduardo López escribía que “sería muy bueno repetir aquella gesta histórica del día en que dos dirigentes qom como Orlando Charole y Egidio García fueron escuchados con suma atención por los supremos jueces de la Nación. Entonces había más sombras que luces. Quizás ahora sea el momento del balance, una década después, para ver si ganaron los hechos o terminaron por vencer las palabras”.
Hoy, dos años después de ese artículo periodístico, crítico del cumplimiento de la intervención judicial, la situación no ha variado demasiado. Los dirigentes indígenas que protagonizan el reclamo del toda una comunidad necesitada, son otros Laurencio Rivero y Roberto Díaz, pero sigue siendo el mismo pueblo qom el que hace 4 meses no recibe la asistencia alimentaria que debe enviar el Ministerio Nacional de desarrollo Social. El mismo pueblo pacífico que hoy se organiza para elevar la voz, porque hay “hambre” y saben de sus derechos. ¿Estará, la actual Corte Suprema de Justicia y los gobernantes de turno, a la altura del cumplimiento de esos derechos?