El último día del mes de enero agregó un trámite más para quienes necesitan una pensión no contributiva por invalidez. A través de la resolución Nº 39, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) aprueba un circuito de confección del Certificado Médico Oficial (CMO) por el que los titulares de pensiones deberán acercarse a un establecimiento público de Salud que deberá culminar con un trámite online para revalidar el cobro de pensiones. Este requisito, como lo especifica la normativa, es para quienes a partir de ahora inicien el trámite. Para Vanina Suleiman, abogada de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la medida mantiene la idea de “recortar derechos a futuro” con más trámites burocráticos. 

Para Vanina Suleiman, abogada de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la medida mantiene la idea de “recortar derechos a futuro” con más trámites burocráticos. 

 

En los últimos días del mes de septiembre de 2018, la ANDis emitió una resolución en la cual intimaba a las personas que recibían una pensión por discapacidad a que se presentaran en la ANSES para presentar la documentación que corrobore el cumplimiento de los requisitos para seguir siendo beneficiarios. Era la segunda vez que la actual administración nacional arremetía contra las personas que perciben este beneficio.

En una primera oportunidad, les dieron de baja sin previo aviso y sin que los beneficiarios puedan ejercer su defensa. En la segunda oportunidad, la resolución de la ANDIS otorgaba un plazo de 10 días para presentar la documentación necesaria.

La norma utilizada para establecer quién puede recibir una pensión por vejez o por invalidez, es el decreto Nº 432 del año 1997, firmado por Carlos Menem, a pesar de que el concepto que le daba sustento a esta norma ya fue superado luego de que la Argentina firmara en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Esta nueva resolución es presentada como control de fraudes por las autoridades, quienes también esbozaron la posibilidad de pedir a los que ya son beneficiarios, que actualicen su certificado médico y a que registren su condición online. Ante esto, Suleiman advirtió que una medida de este tipo sería ilegal ya que la condición de la persona beneficiaria ya fue certificada y sólo a través de un juicio civil se podría cuestionar su validez.

Para la abogada de REDI, el gobierno debe “ponerse a legislar la protección social de las personas con discapacidad”.

Proyecto en Diputados

A principios del año 2018, los legisladores Lucila Masin y Martín Doñate presentaron un proyecto de ley cuyos fundamentos plantean la necesidad de cumplir con la Convención sobre las personas con discapacidad.

“Buscamos derogar el antiguo decreto Nº 432/97 que, basado en una visión médico-asistencialista, restringe las condiciones de acceso a las pensiones. Hoy debemos ponderar el modelo social de la discapacidad y garantizar su acceso mediante una ley sancionada en el Congreso de la Nación” definió Masin.

“Cada minuto que dilatamos la discusión, estamos desplazando a las personas con discapacidad de la sociedad. Es necesario trabajar para que la discapacidad trascienda los mandatos políticos y se convierta en una política de estado”, agregó.

A propósito de la resolución de ANDIS, la diputada Masin declaró que ,»este gobierno no les toca un centavo a los que especulan, a los que fugan, a los que lucran con los tarifazos, sabemos que lo que quieren es seguir quitando derechos» .

“La cruzada siempre es con los más débiles, nunca con los poderosos y amigos del poder. Mienten hablando de sanear las cuentas públicas, mientras pagamos intereses exorbitantes en concepto de deuda externa, adquirida por el gobierno de Cambiemos” afirmó.

La diputada nacional adhirió al comunicado de Red en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) en el que repudian “otro avance del gobierno sobre los derechos de las personas con discapacidad”, fundamentan que “se exige a la persona con discapacidad pruebas y se siembran barreras administrativas porque la voluntad política está cifrada en una inclusión discursiva pero no en los hechos.”

“Son medidas antidemocráticas. Utilizan decretos y disposiciones a espaldas de los individuos involucrados”, declaró

La diputada nacional también presentó un proyecto (5880-D-2018) para derogar el DNU 698/2017 de creación de la ANDis (Agencia nacional de discapacidad) y crear la Agencia Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ANADEDI) como un órgano descentralizado con autarquía económica. Esta última fue apoyada por REDI.