El pasado jueves, Resistencia se sumó a la Marcha Federal en defensa de la Salud Pública. Diversos fueron los sectores que señalaron el cierre de programas, la quita de vacunas del calendario, el achique en el presupuesto, el recorte en la transferencia de insumos a las provincias.

En un duro documento al cierre de la marcha, la Dra. Carolina Centeno, secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, expresó que “desde que asumió Mauricio Macri, venimos sufriendo el desmantelamiento de las políticas públicas en general y las del sector salud en particular”. En este sentido, explicó que “el gobierno está intentando implementar la falsamente denominada Cobertura Universal de Salud (CUS) junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET): un sistema impuesto por el Banco Mundial que consiste en reasignar el presupuesto del sistema público de salud al sector privado, garantizando sólo una “canasta básica” o paquete mínimo de servicios de forma gratuita, donde la población deberá pagar por las prácticas sanitarias que queden por fuera de esta”.

El documento continuó denunciando políticas de Estado en detrimento del sistema sanitario: “El gobierno redujo y subejecutó el presupuesto del área, vaciando y cerrando programas, trayendo aparejadas graves consecuencias a la población. Por ejemplo, se han registrado denuncias por faltantes de medicamentos, insumos básicos como preservativos y otros métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual, reproductiva y no reproductiva a la par de que no se aseguran los recursos necesarios para la interrupción legal del embarazo. Incluso se ha comenzado a desarmar programas esenciales, como los de Chagas y Tuberculosis, o el Plan Nacional de Vacunación, eliminando la dosis de los 11 años contra la meningitis, con el peligro que eso implica para toda la comunidad”.

Despidos y precarización laboral

Hace poco más de un mes, después de trabajar seis meses sin cobrar, 88 agentes territoriales de salud mental se enteraban via whatssapp que estaban despedidos. Eran los encargados de que se cumpla la Ley 26.657 promulgada en el año 2010, que implicó un cambio de paradigma en las políticas públicas del área y que tuvo una amplia aceptación de todo el espectro político y de todas las áreas sanitarias. Solo un ejemplo de cómo se viene ejecutando este cambio de estructura en el campo de la salud en el país.

“Eliminar el Ministerio de Salud no es meramente un cambio de nombre y de organigrama. Con esta medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, se ponen en riesgo la gran mayoría de las políticas públicas que dependen de esta cartera”, aseguró Centeno.

“Eliminar el Ministerio de Salud implica ni más ni menos que degradar la salud, constituyendo un atentado al nuestro sistema público. Este atentado no sólo afecta a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, sino a todxs lxs trabajadorxs y a los usuarios de prepagas” dijo.

Al respecto, Centeno explicó que en la gestión nacional anterior se realizaron 75 contrataciones a través del Programa de Médicos Comunitarios y del Programa de Atención Primaria en Salud Mental. A partir del cambio de gobierno, esta situación se modificó, y actualmente las casas asistidas se encuentran obturadas en su funcionamiento por dos razones: porque cayeron la mitad de las contrataciones y porque los médicos comunitarios fueron desplazados de sus funciones y vueltos a trabajar dentro del Servicio de Salud Mental del Hospital General. “Los 75 trabajadores calificados y capacitados en Atención Primaria de la Salud (APS), se redujeron a 40 con contrataciones a término, subsistiendo en condiciones de precarización laboral, trabajando en el interior de la provincia, trasladándose por sus propios medios y sin percibir el depósito de sus contratos desde abril”.

“Con esta medida, el derecho básico a una atención primaria en la salud mental se le está negando a miles de personas en el interior del país. Hubo promesas de reactivar el convenio hasta diciembre, de absorber dos contratos por mes por parte de la provincia y de pagar lo adeudado, nada de ello se concretó. Así en estos últimos años se fue desmantelando la atención en salud mental en el interior de la provincia, las estrategias de prevención implementadas y que comenzaban a arraigarse se fracturaron o desaparecieron.

Poder de rectoría

La profesional explicó que este proceso significa un “retroceso histórico, que implica la pérdida del poder de rectoría y de conducción estratégica de la política sanitaria Federal”.  ¿Qué significa el poder de rectoría? “El debilitamiento de los sistemas de investigación en salud, la vigilancia epidemiológica y las redes de servicios de emergencias. Asimismo, se profundizó tanto la fragmentación como el abandono de las políticas sanitarias, impactando negativamente en la programación federal y la distribución de insumos y recursos”.

“Debemos recuperar nuestro derecho inalienable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la desinversión y la subejecución presupuestaria, para así devolver a la ciudadanía el Ministerio de Salud que le pertenece”, enfatizó.

Discapacidad, otro sector afectado

En los últimos días del mes de septiembre, la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) emitió una resolución en la cual intima a las personas que reciben una pensión por discapacidad a que se presenten en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), para entregar la documentación que corrobore que cumplen con los requisitos para seguir siendo beneficiario. Es la segunda vez que la actual administración nacional arremete contra las personas que perciben este beneficio.

En una primera oportunidad, se dieron de baja sin previo aviso y sin que el beneficiario pueda ejercer su defensa. En esta segunda oportunidad, la resolución de la ADN se otorga un plazo de 10 días para presentar la documentación necesaria.

La norma utilizada para establecer quién puede recibir una pensión por vejez o por invalidez, es el decreto 432 del año 97, firmado por Carlos Menem. El concepto que le daba sustento a esta norma, ya fue superado luego de que la Argentina firmó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

“Esta marcha que nos convoca en Defensa de la Salud Pública, es también en defensa del derecho a la Salud de las personas con discapacidad, que para algunos casos ya dejó de existir en el momento en que dieron de baja sus pensiones y pretenden hacerlo con muchas más pensiones”, dijo Centeno y agregó que con la quita de pensiones “no están quitando una percepción económica, están quitando el derecho a la salud de esas personas, ya que es la pensión la que les permite acceder al programa Incluir Salud, a través del cual deberían acceder a la cobertura integral acorde a sus necesidades y requerimientos. Pero como es de público conocimiento, esta cobertura de salud no está funcionando como debería ser, no se está abonando a las instituciones en tiempo y forma por brindar estas prestaciones y cada vez es menor la cobertura”.

“Quieren hacer de la Salud un privilegio al cual podrán acceder solamente aquellos que puedan pagarlo, dejando a quienes no pueden en total desamparo, sin ninguna posibilidad de cubrir sus necesidades básicas”, concluyó.

La marcha federal en nuestra ciudad convocó a espacios políticos, sindicales y sociales, así como a las distintas áreas que integran Salud Pública. Entre ellos: la Unión del Personal Civil de la Provincia; la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Chaco; la Asociación de Trabajadores del Estado; legisladores nacionales y provinciales, entre los que se cuentan a Lucila Masin, Daniel Trabalón y Gladis Cristaldo. También, la delegación del Litoral de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, la Red Patas Arriba, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Ateneo Feminista, el Colegio de Psicólogos de Chaco, trabajadores del Equipo Acompañarte, la Comisión Provincial por la Memoria, Revuelta Feminista y Avance Estudiantil Humanidades UNNE, la Cátedra Libre “Carlos Alberto Zamudio” y la Federación Universitaria Peronista (FUP), La Cámpora, Unidad Ciudadana, entre otros sectores.