En un país sin Ministerio de Salud, el pasado 4 de septiembre, casualmente el Día Mundial de la Salud Sexual, se logró dictamen de mayoría en Cámara de Diputados de la Nación para reformar la ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI).

Sin embargo, las voces en oposición a su tratamiento y aplicación se están levantando con campañas en todo el país. Durante el debate por la legalización del aborto, los que se oponían a la aprobación de la ley recurrieron al argumento de la imperiosa necesidad de la educación sexual en las escuelas. Los mismos que ¿llamativamente? hoy se oponen.

“Con los chicos no”, dicen ahora las posiciones extremas, a apenas un mes del tratamiento en el Congreso nacional de la Ley ILE. Se oponen a lo que llaman “ideología de género”, para denostar derechos adquiridos de personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Se indignan con el lenguaje inclusivo mientras alzan la bandera de la preservación de la familia tradicional y reviven el eslogan “salvemos las dos vidas” que se popularizó en el debate por la legalización del aborto.

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada en 2006, sin embargo, su plena implementación resulta dificultosa en todo el país hasta ahora. De acuerdo con la ley, todos los niños y jóvenes que asisten a escuelas públicas y privadas del país tienen derecho a recibir una educación sexual integral. A partir de 2009, el Ministerio de Educación de la Nación elaboró y distribuyó materiales educativos cuyos principales ejes son el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la equidad de género y la valoración de la afectividad. Los contenidos se adaptan a las etapas educativas y se incluyen de manera transversal en diferentes materias.

El cambio de gobierno y sus consabidas modificaciones en cuanto a políticas de Estado profundizaron las trabas para que la implementación de la ley sea efectiva. En los últimos dos años se redujo significativamente el presupuesto del programa y la cantidad de docentes que fueron capacitados. Según la respuesta oficial a un pedido de acceso a la información que realizó la Fundación Huésped al Ministerio, en 2016 el presupuesto de la ESI destinado a la producción de materiales y capacitaciones se redujo en un 65% en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la inflación) en relación a 2015. En 2017 se produjo un crecimiento del 25% en relación al primer año de gobierno de Mauricio Macri pero los fondos destinados a la educación sexual siguen siendo menores en términos reales a los que se distribuyeron durante los últimos dos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. (En Chequeado.com)

En relación a los cursos virtuales de capacitación para docentes y estudiantes de profesorados, la cantidad de inscriptos en 2016 (6.720) y 2017 (4.450) es significativamente menor a la de 2015 (16.914). Cabe destacar que ese año hubo un récord, pues en los seis anteriores el promedio fue de 2600 docentes inscriptos.

La capacitación presencial marcó también una disminución significativa. En 2016 se capacitaron 200 docentes y en 2017, hasta los últimos días de agosto, 1.050. Los dos años anteriores, los docentes capacitados habían llegado a 55 mil y 28 mil, respectivamente.

El total de docentes capacitados (que tomaron al menos un curso) representaría un 22% del universo de maestros y profesores registrados por Según el último Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos de 2014.

Una ley para que se aplique otra ley

Una de las principales modificaciones propuestas por el dictamen firmado en Diputados es que la Ley ESI sea una ley de orden público, lo que significa que será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”. Asimismo, garantizar que las jurisdicciones no desconozcan o contradigan los contenidos de ESI consensuados por el Consejo Federal de Educación y establecidos en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entre otras modificaciones se prevé la actualización del marco normativo vigente para el cumplimiento de los contenidos de ESI: Ley de identidad de género; Ley de derechos de personas con discapacidad; Ley de trata de personas; Ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

De concretarse su sanción, todas las escuelas públicas o privadas deberán incluir en su currícula la educación sexual y reproductiva de forma obligatoria, sin depender de la aprobación de cada gobierno provincial como sucede hasta ahora.

En plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el dictamen que establece la obligatoriedad de la enseñanza sexual en todos los establecimientos educativos del país. Aunque con un dictamen pre acordado entre legisladores, las posiciones a favor y en contra se dieron en un clima tenso debido a la presencia de militantes que se oponen a la plena implementación de la norma.

Las campañas en contra

La Red Federal de Familias lanzó la campaña «No autorizo». Y elaboraron una «carta modelo» para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI. «Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos. En nuestra familia rigen principios rectores tales como: la vida humana es sagrada en todo su desarrollo y la misma comienza con la fecundación; el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual tienen habitualmente su origen en la conducta promiscua; y la sexualidad debe ejercerse de manera natural, abierta a la vida y dentro de la familia fundada en el matrimonio; admitiendo solamente los métodos naturales para regular la natalidad, por no resultar dañinos para la salud, y solamente en circunstancias que así lo justifiquen», dice parte de la carta.

 

Al ser consultada por Clarín acerca de la campaña “No autorizo”, desde la Red contestaron que “el motivo es la reivindicación del derecho-deber de los padres a educar a sus hijos, que es originario, natural y primario, que se encuentra reconocido en normas de jerarquía constitucional y que es anterior al Estado, cuya función en la materia es puramente subsidiaria”.

Lo cierto es que la Ley 26.150 de 2006 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral ya obliga a la enseñanza de ESI en todo el país. Es el Estado quien debe garantizar que en las escuelas se brinde ESI, como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Docentes y alumnos de todo el país la reclaman. Esta reforma responde a la demanda. Cuando la buena voluntad no alcanza, una nueva ley tal vez la lleve a convertirse en efectiva.