Aborto: sectores profesionales del Chaco piden su legalización
Este 8 de agosto el Senado de la Nación decidirá si la interrupción voluntaria del embarazo será un derecho. Desde que en la cámara de Diputados comenzó el debate el 10 de abril, expusieron casi 800 especialistas de todas las ramas, a favor de la legalización de la práctica, y en contra de que se modifique la normativa vigente.
El país y el mundo tienen puestos los ojos en la votación de la cámara alta argentina. Desde la Provincia del Chaco, diferentes redes de profesionales, abogados/as, profesionales de la salud mental, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y el colectivo de artistas, invitados por el Frente de Comunicadoras del Chaco, emitieron diferentes comunicados manifestándose a favor de la aprobación de la ley que permitirá a las mujeres y cuerpos gestantes a interrumpir su embarazo de manera voluntaria y gratuita hasta la semana 14.
Paralelamente, el Frente de Comunicadoras del Chaco promovió una campaña de visibilización en redes sociales con otros colectivos como los profesionales de la salud, médicos y médicas, diputadas/os de la provincia, referentes políticos de la UCR y de otros sectores.
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Los documentos:
Abogadas chaqueñas a favor de los derechos de las mujeres
“En virtud de que nuestro sistema jurídico responde a un modelo de estado constitucional-convencional de derechos, conforme al Art. 75, Inc. 22 de la C.N., ratificamos nuestro compromiso por levantar las barreras legislativas que restringen derechos y dificultan su ejercicio, a fin de asegurar a las mujeres y personas gestantes una vida libre de violencias, que no es más que el derecho a la igualdad, el respeto a la no discriminación, a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, el acceso a la salud pública, a la vida, dignidad, autodeterminación, a la privacidad y a la libertad de conciencia religiosa, como a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Negamos que la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos obliguen a penalizar el aborto en todas las circunstancias. Al contrario, estos cuerpos normativos instan a contemplar la exclusión del marco punitivo de determinadas hipótesis y a recurrir a la implementación de medidas extrapenales, como las acciones de seguridad social, para asegurar el derecho a las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su gestación”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo “Artavia Murillo vs. Costa Rica” ha sostenido respecto al derecho a la vida, en la exégesis del art 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que salvaguardar el derecho a la vida no debe implicar la negación de otros derechos que operan en la Convención. Así la cláusula “en general” del art. 4.1. tiene como objeto y fin dirimir un conflicto de derechos, siendo posible invocar excepciones a la protección de la vida desde la concepción. Esto se traduce en que el derecho a la vida desde la concepción no es un derecho absoluto y, en consecuencia, todo intento de proteger a la vida debe ser armonizado con derechos fundamentales de otras personas, especialmente de la mujer o persona gestante. En este sentido, la protección del derecho a la vida es gradual e incremental según su desarrollo”.
La norma actualmente vigente en materia de aborto es producto de un acuerdo de varones católicos y data del año 1921. De modo tal que no representa a la diversidad interesada. No es democrática. La figura penal se elaboró a partir de mujeres construidas exclusivamente como sujetos en relación con la familia y específicamente en el rol de esposas y madres. El hombre legislando en nuestro nombre. Encargado de cuidar la honestidad de la mujer y por lo tanto utilizar a la amenaza o el castigo frente a las conductas que él considera «impropias». El sentido androcéntrico del derecho penal ha estado siempre presente en la elaboración de las normas penales.
Es nuestro deber discutir y rediscutir los derechos, porque los derechos no se generan espontáneamente. Es nuestro deber y nuestro derecho, debatirlos y revisarlos.
A las Senadoras y a los Senadores les pedimos que legislen para una sociedad que es plural y diversa. No buscando agradar a sectores conservadores, imponiendo desde la legalidad una moralidad personal a toda la ciudadanía. La Ley no obliga a nadie a realizar ninguna práctica y las convicciones religiosas están reservadas al ámbito personal y son garantizadas, pero no pueden influir en el ámbito público. Cuando el Estado pretende imponer una cosmovisión metafísica, se transforma en autoritario.
En suma, sostenemos la necesidad de que el Estado, desde una visión laica, reconozca este derecho humano a decidir. La jerarquía de las instituciones religiosas no debe hoy influir en las políticas públicas, limitando a las mujeres y personas gestantes el acceso a los servicios de salud pública en general, y reproductiva en particular, encontrándose estas ante un callejón sin salida enfrentando graves consecuencias en sus vidas, sobre todo si hablamos de quienes además de ser gestantes no tienen recursos económicos y muchas veces se encuentran ante el dilema de morir o de ir a la cárcel.
Trabajadoras de la Salud Mental por el derecho a decidir
El comunicado de los profesionales de la salud mental pone en evidencia el origen de “lo traumático” que desde los sectores que se oponen a la legalización del aborto aducen que ocurre tras la práctica.
“… Históricamente, el cuerpo femenino se mantuvo en el plano privado, y el masculino en el público; esta situación en la que se dejó el cuerpo de las mujeres, las privó de derechos sobre éste y su sexualidad, en un devenir de la historia androcéntrica, patriarcal y posteriormente del capitalista. Dejando así al cuerpo femenino, en el plano de la propiedad privada, sobre esta se ejerce un poder que la explota y violenta, uno de estos factores es el lugar que se ha dado a las maternidades forzadas. Verdadero lugar de lo traumático”.
Por otra parte, la cuestión religiosa que se ha puesto en evidencia en las campañas denominadas “pro vida”, es vista con el lente de estos profesionales como una “operatoria religiosa vinculada a la tradición cristiana en la que el cuerpo de la mujer es separado de la maternidad, la que se eleva a lugar ideal determinado divinamente por dios”. Dicha operatoria somete “a un sufrimiento psíquico terrible a mujeres forzadas a maternar y cuerpo nacido con dificultades de humanización”.
“El proceso de humanización es vehículo en la primera relación social: niño madre, y a través del deseo de esta. Un niño es niño en el deseo y una mujer, madre en el deseo de serlo. La legalización del aborto viene a devolver este lugar a ambos”, explica el comunicado.
“Una posible explicación del estado actual de clandestinidad y oscurantismo planteado es la de mantener el estado de sumisión de amplios sectores de cuerpos sociales. Porque, con o sin ley, el aborto es una realidad que ocurre y seguirá ocurriendo. Insistimos en desvelar que es en el cuerpo de la mujer, en esa territorialidad, se introduce la sociedad a través de los poderes religiosos o los estados, para tutelar los derechos generales. Los estados deciden cómo administrar esos cuerpos. Si hoy estamos discutiendo estas cuestiones es porque tenemos siglos de patriarcado sobre nuestras espaldas; siglos de discursos y prácticas que han negado a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo”, concluye.
Artistas Chaqueñas por el derecho a decidir
La Colectiva de Artistas Chaqueñas por el derecho a decidir, Unidas a la Red Federal de Actrices Argentinas, también se manifiesta en contra del aborto clandestino. “Ahora alertamos al Senado de Nación, que somos muchísimas más en las calles, sabiendo que por cada mujer que se activa en un hogar: son muchos otres los que acompañan la lucha manifiesta. Minuto a minuto se construyen lazos entre mujeres que a la vez se vinculan con personas diversas, produciendo mayoría en la población apoyando la necesidad de despenalizar del aborto”.
“El aborto es algo que sucede independientemente de lo que opinemos. Es su despenalización y legalización lo que exigimos para que las mujeres dejen de morir estigmatizadas y en manos de las mafias de la medicina comercial… Que la interrupción del embarazo si así llegara a decidirse, no ocurra más en la ilegalidad, el ocultamiento, la estigmatización o el silencio, dado que esto es igual al ocultamiento de las desigualdades. La desigualdad se sostiene con el prejuicio. Queremos que sea en el marco del derecho y con el acompañamiento de los servicios de salud pública”, dicta el comunicado de artistas.
Comité Provincial de Prevención de la Tortura a favor de la legalización del aborto
Los miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes, en el marco de las competencias asignadas por Ley N° 1798-B consideran que el Proyecto de Ley sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo es respetuoso de los derechos fundamentales, y basa su opinión en los siguientes fundamentos:
“Los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad. Sigue siendo motivo de preocupación que se limite o se condicione el acceso a la asistencia médica en los abortos, especialmente cuando se niega tal asistencia con el fin intolerable de imponer un castigo u obtener una confesión (A/HRC/22/53). En particular, la práctica de obtener confesiones, para emplearlas en juicios, de mujeres que precisan asistencia médica urgente tras habérseles practicado un aborto clandestino es constitutiva de tortura o malos tratos.»
Entonces, por los fundamentos reseñados en el comunicado y en total concordancia con la normativa internacional adoptada por nuestro Estado nacional y local, en torno a la prevención de la tortura observamos con satisfacción la redacción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Categoria: política | Tags: Aborto Legal, Justicia, Salud | Comentarios: 0
