Servicios públicos: la decisión política dirá si son derechos o mercancías
En una extensa jornada de debate parlamentario, bajo la sombra de una determinación de volver al Fondo Monetario Internacional, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que busca retrotraer las tarifas al precio de noviembre de 2017 y condicionar los futuros aumentos a la variación salarial. De aprobarse en la Cámara Alta, el gobierno de Mauricio Macri ya adelantó que lo vetará porque, según el Jefe de Gabinete Marcos Peña “es populista”.
La iniciativa fue firmada por los bloques del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Frente de Izquierda. Se impuso por 133 votos afirmativos contra 94 negativos. Afuera del Congreso, un importante grupo de ciudadanos, sindicatos y movimientos sociales apoyó el voto de la oposición.
Si la luz, el gas y el agua potable son derechos básicos, recursos naturales estratégicos o simplemente una mercancía más, será una determinación del modelo económico imperante.
Un reciente informe de la revista Anfibia, analiza el contraste de las políticas de las tres últimas décadas desde la perspectiva de la redistribución y los derechos sociales: “El tarifazo ha sido un mecanismo de redistribución de ese excedente social en favor de un puñado de grandes empresas, las que detentan un poderío estructural relevante”, afirma el ensayo de Martín Schoor y Francisco Cantamutto.
El nombrado informe dicta que “el gobierno de Macri estructura sus políticas en beneficio del poder económico concentrado, donde resaltan las empresas de servicios públicos. En este sector, el peso del capital extranjero y de un puñado de grupos nacionales es fundamental, y todo parece indicar que este sesgo se reforzará”.
Pero la duda inicial de definir a qué categoría corresponden los servicios públicos es el eje de la discusión. Existe un debate en torno a la concepción de los servicios, que de manera esquemática pueden ser entendidos como derechos de la ciudadanía, recursos estratégicos (de planificación del desarrollo) o simples mercancías. Son las políticas públicas las que se estructuran en función de esta concepción.
“El kirchnerismo los tomó durante mucho tiempo como recursos estratégicos. Bajo esa concepción, el retraso tarifario cumplía diversos roles. Por un lado, le dio cierta legitimidad entre sectores sociales que se veían beneficiados y, del otro, le permitió subsidiar parcialmente los costos de producción industrial, reduciéndolos por dos vías: por un componente del costo directo y como salario indirecto. Esta política generó costos que fueron cada vez más altos, por las transferencias económicas a las empresas prestatarias”, afirma el informe.
Pero la suma de las cuentas públicas terminó por ser casi equivalente al déficit fiscal. Con este argumento, Cambiemos atacó el problema bajo una concepción puramente mercantilista, con el pretexto de “sincerar la mentira”: “Supuestamente, solo abriendo espacio a que los precios fluctuaran libremente se darían las señales correctas para estimular la actividad y la inversión, suposición ya rebatida bajo la Convertibilidad. Incluso, con escasos fundamentos, desde el gobierno se argumenta que este brío permitirá pasar de la situación de emergencia a la exportación de energía”.
El supuesto no prosperó, es más, el giro político que implementó el ascenso al poder de Cambiemos impulsó un aumento drástico de las tarifas que provocó una fuerte reacción social, protestas y reclamos judiciales. Tanto así que se vulneraron los mecanismos de consulta establecidos en la ley, como la obligación de realizar audiencias públicas para contemplar las necesidades y posibilidades de los actores involucrados. “Este activismo judicial y la obstinación oficial llegaron hasta la Corte Suprema, que resolvió la obligación de realizar las consultas correspondientes, contemplando principios de proporcionalidad y razonabilidad en los aumentos, y de participación democrática. De modo que el camino “gradual” no era la opción original del gobierno”, revela la publicación.
Para el gobierno este proceso no habría de impactar en la inflación. Pero la realidad nuevamente desmintió esa hipótesis. Los salarios perdieron rápidamente poder adquisitivo y se vio amenazado el sostenimiento de un buen número de entidades sociales, como el caso de los clubes de barrio y la vida de las pequeñas empresas y medianos o pequeños productores.
“Este último segmento se ve profundamente afectado no sólo por el “tarifazo” y la estrechez de la demanda interna provocada por la política de ajuste desplegada, sino también por la política monetaria y cambiaria que establece tasas de interés prohibitivas para casi cualquier proyecto de inversión en la esfera productiva. Todo esto en el marco de una pronunciada liberalización comercial que el gobierno implementa porque considera que gran parte del aparato industrial es “ineficiente” y que, como tal, debe estar “sujeto a reconversión”.
Servicios como derechos humanos
Cuando la decisión política se orienta a una definición de los servicios como derechos humanos, como es el caso de Bolivia, los precios bajan con el claro fin de garantizar el acceso a la totalidad de la población.
En la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Ecuador, Evo Morales pidió a los países fortalecer la paz con justicia social y enfrentar de forma colectiva la crisis económica por la caída del precio del petróleo. El presidente afirmó que para que la paz se logre es necesario cambiar las políticas sociales y económicas y puso como ejemplo a Bolivia cuya constitución del 2009 establece que los servicios públicos son un derecho humano y que después de 10 años se siguen bajando los costos de las tarifas de servicios públicos, y si esto lo estuviera manejando una entidad privada estarían constantemente creciendo los costos de estos servicios. Claro que el hecho de que los recursos naturales bajo administración estatal permitieron a Bolivia gozar de las mejores condiciones económicas.
La oposición en Diputados
Agustín Rossi, diputado nacional y presidente del bloque de Unidad Ciudadana, habló con Radio Libertad sobre el proyecto de ley que busca retrotraer a mayo del 2017 las tarifas de los servicios públicos, días antes de la media sanción. “No queremos desfinanciar el Estado lo que queremos es que no se le cobre tantas tarifas a la gente. Y estas tarifas son impagables”, expresó y criticó al gobierno central por no entender la problemática social.
Más allá de la concepción de si la luz, el agua y el gas son un bien comercial o un derecho básico, “los ajustes de tarifas traen un impacto directo al conjunto de la estructura de precios”, dijo el diputado y continuó su explicación advirtiendo que “los precios relativos no son muchos. Tarifas, tipo de cambio y tasa de interés. Todo eso ha explotado en la Argentina la semana pasada. Es un combo que muestra la incapacidad económica del equipo de Cambiemos”.
Por su parte, la diputada chaqueña por el FPV Lucila Masin, en contacto con Radio Provincia hizo hincapié en el plan de ajuste sistemático que el gobierno viene ejecutando. “Es un plan de crisis, porque ellos quieren definitivamente que un determinado sector de la población no tenga las mismas posibilidades y los mismos derechos que tenían hace tres años”. Y eso incluye a las tarifas.
En instancias del debate parlamentario, el ex Ministro de Economía de la administración anterior Axel Kicillof enfatizó que este gobierno “vino a aplicar una política de ricos para ricos, en contra de los sectores populares, que puso el Estado al servicio de quienes no lo necesitan”. Y recordó, en consonancia con la idea de que el kirchnerismo entendió que los servicios básicos se consideraban un recurso natural estratégico, tal lo expresaba la referencia de este artículo, que “la política energética de nuestro gobierno es la que permitió recuperar YPF, la que le devolvió a los argentinos la soberanía».
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Categoria: política | Tags: economía, política, tarifas | Comentarios: 0
