Diógenes Chapelet murió el 8 de enero luego de ser “fumigado” dos veces. Tenía 78 años. Sus piernas, con las manchas que le aparecieron inmediatamente después de recibir el veneno, recorrieron las redes sociales. Sufrió una intoxicación aguda. Moneda corriente en su provincia, Santa Fe, una de los Estados argentinos con mayor superficie de producción trangénica. En un mes, los agrotóxicos que ingresaron por la piel y por las fosas nasales, lo mataron.

Raúl Horacio Lucero es investigador del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional (IMR) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y docente de la cátedra de Medicina III en el área Infectología de la Facultad de Medicina. A su laboratorio llegaron los primeros pedidos de análisis, a mediados de los años 90. “Cuando les hacía el cuestionario me decían que habían estado expuestas (a los agroquímicos) cuando tenían pocos meses de embarazo”, cuenta en la charla con Bohemia. “Y eso que todavía no era el boom de lo transgénico”.

La provincia del Chaco tiene una ley de biocidas, la última modificación fue en el año 2012.  Diferentes organizaciones y profesionales se comprometieron con el desconcierto y el dolor que manifestaban personas enfermas por los químicos. Una de las más notorias fue y es la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. Consiguieron medidas judiciales, audiencias públicas y una ley con algunas restricciones. Por ejemplo, las distancias de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua, que deben respetar las fumigaciones aéreas y terrestres. Mil metros para las primeras y 500 para las otras. Una discusión, quizá, fuera de tiempo ya que, para esa misma época en Europa se planteaba lo imposible de determinar hasta dónde llega el veneno una vez que se lo lanza desde el aire.

Lucero viene estudiando y analizando casos desde esos años. Participó en la Cámara de Diputados de los debates en la Comisión de Salud. “Hay leyes bastante bien escritas. El tema es la falta de controles, una constante en nuestro país. Las primeras investigaciones que nosotros hicimos fueron por malformaciones congénitas, de gente que había sido expuesta en el útero de su madre y de esa manera los agroquímicos, son agentes teratogénicos, es decir, que producen malformaciones. Eso es muy evidente al momento del nacimiento. Por eso los mandaban a hacerse estudios genéticos, que era justamente para lo que me derivaban los casos a mí. En los 12 primeras semanas de gestación se forman los órganos. Estas sustancias alteran el ADN. Cuando este va mutando produce proteínas anormales y entonces se forman mal los órganos.Sobre todo en los ejes medios del cuerpo; labio leporino, paladar hundido, alteración de la pared intestinal o alteraciones en los genitales externos. Esto lo empezamos a ver y yo sabía que tenía que hacer otro tipo de estudios para demostrar esto. Son los estudios que estamos haciendo ahora en la Universidad. En ese momento yo no trabajaba ahí”.

Desde hace muchos años los investigadores en diferentes países vienen realizando diferentes estudios para demostrar la relación entre los agroquímicos y los casos de cáncer, los niños que nacen con malformaciones y las muertes. “Cuando te ponés a dar malas noticias sobre este tipo de eventos, mucha gente se te pone en contra”, recuerda el investigador. Por esa experiencia de batallar durante tantos años, reconoce que “hay toda una parte de la bibliografía que está a favor de a la aplicación de estos productos y que dice que no hacen absolutamente nada pero hay otra mucho más numerosa, mucha a nivel internacional, que está dando cuenta de que estos productos no son inocuos, que pueden producir malformaciones en fetos o alteraciones oncológicas. Tanto en niños como en adultos”.

 

Basavilbaso, Entre Ríos: Fabián Tomasi trabajó durante años en una empresa de aplicación aérea con agroquímicos. Fabián sufre polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizad

 

 

 

En el Ministerio de Salud de la Nación hay informes que prueban fehacientemente tal relación.O por lo menos los había cuando la Cooperativa La Vaca intimó al ministro en el año 2015, a través de un Habeas Data, a que entregue toda la información con que contaban sobre las investigaciones al respecto y sobre el trabajo realizado por esa cartera en consecuencia. El resultado puede sintetizarse en un párrafo publicado por la organización en su portal de noticias: “Los nueves informes entregados por el Ministerio de Salud de la Nación, son nueve piezas de un rompecabezas cuyo número total desconocemos. Aun así dejan en claro que ese ministerio cuenta con información que prueba la existencia de una relación entre los agroquímicos y el aumento de enfermedades, en especial del cáncer y las anomalías congénitas”.

“Es un problema muy grave, que hay que tratarlo, visibilizarlo. En el campo, cuando hay viento, los agrotóxicos llegan a donde no tienen que llegar: las fuentes de agua, las escuelas. las escuelas rurales han sido protagonistas en los últimos 5 ó 10 años, del mayor número de denuncias que se presentaron al Defensor del Pueblo, por ejemplo. Es crucial que el Estado intervenga y haga valer su poder de contralor”, dice Lucero.

Y algunas veces el poder administrador de la cosa pública hace su trabajo y muchas otras veces no.

Consultada, tiempo atrás, la ministra de Planificación, Ambiente e innovación tecnológica del Chaco, María Elina Serrano, opinó que la provincia tiene legislación de avanzada que establece zonas de exclusión, a diferencia de otras como Buenos Aires, en dónde se permiten aplicaciones muy cerca de escuelas. Para la funcionaria, es fundamental la denuncia de los vecinos para poder actuar y gracias a ellas pudieron aplicar multas millonarias.

En el caso de Diógenes, presentaron denuncia policial. Casi al mes, aparecieron el presidente comunal de la localidad y un técnico fitosanitarista, fueron a la casa de Chapelet a pedirle que firme un permiso para seguir fumigando. Cómo no quiso hacerlo comenzó a recibir amenazas. Días después falleció.

En 2011, Santiago Arévalo de 4 años estaba jugando cerca de una tomatera en Lavalle, Corrientes, cuando pisó un charco de endosulfán. A los dos días falleció luego de mucho convulsionar en el Hospital Garraham. También tuvieron que internar a su prima Celeste Estévez, de 7 años, con la cual estaba jugando. Tuvo mejor suerte y se salvó después de pasar el coma.

En septiembre del año pasado una nena de 12 años comió una mandarina que tenía furadán, un producto prohibido en el país. La niña murió camino al hospital.

Y vamos acumulando muertes. Las infecciones agudas, las que se llevan a una persona en poco tiempo son las que más nos impactan pero están las otra las que dejan secuelas o enfermedades crónicas.

Un informe de la relatoría especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas denunció los graves daños provocados a la salud de la población en distintas partes del mundo por el uso indiscriminado de plaguicidas y estimó que el modelo agrícola que se sustenta en el empleo de sustancias tóxicas para controlar plagas provocó la muerte de al menos 200.000 personas en el último año y refutó la tesis de quienes sostienen que sin estos químicos no se podrían producir alimentos. El trabajo lleva la firma de la experta Hilal Elver, relatora  Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.

• Las fotos en blanco y negro, de las personas afectadas por el glifosato pertenecen a Pablo Ernesto Piovano. Para saber más de las fotografías