Otra vez la defensa interpuso maniobras dilatorias. La fiscal Fernández solicitó 24 horas para analizar el planteo del defensor Leiva. El juez del Río manifestó su intención de cumplir con la etapa probatoria, sin embargo concedió lo pedido por la fiscalía. Se pasó a un cuarto intermedio para mañana miércoles 20 a las 9.

A raíz de una nueva estrategia de la defensa del empresario Raúl Sebastiani, pasó a un cuarto intermedio la audiencia de alegatos prevista para la mañana de este martes 19 de diciembre a las 9.

El abogado Marcelino Leiva, en su rol de defensor, planteó una serie de supuestos “vicios” e “incompetencias” a ciertos artículos del Código Procesal Penal, como el 35 bis que regula las salas unipersonales o el 67, de trámite de recusación. En un planteo que el presidente del tribunal colegiado, Víctor del Río, pidió que sea expuesto de “manera oral” en el marco del inicio de la jornada -ya que el letrado había hecho una presentación por escrito- Leiva intentó fundamentar el pedido de nulidad de la etapa de pruebas e incluso solicitó que se nombre otro magistrado por entender que no se cumplieron los términos planteados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Así, en una exposición demasiado enredada de términos leguleyos, Leiva planteó que “halla pertinente, por violación de las garantías constitucionales del debido proceso, pedir la nulidad de la audiencia, solicitando -entre otras cosas- que: se anule el debate y se nombre un nuevo tribunal”.

La defensa de Sebastiani adujo “desobediencia” a lo expuesto por el STJ en relación al cambio de Sala Unipersonal por el Tribunal Colegiado, e indicó “vicios” en el procedimiento, como que el que resolvió la recusación del juez no hizo una audiencia, cuestión que está prevista en el Código Procesal Penal.

De todo lo expuesto se presume una clara intención dilatoria por parte de la defensa, que no logró ir más allá de las 24 horas. El juez Del Río fue manifiesto respecto de su intención de cumplir hoy con la audiencia de alegatos pero, ante el pedido de la defensa, solicitó tanto a la fiscal como a la querella saber su posición. Dolly Fernández fue contundente y pidió por lo menos un día para analizar el planteo. Por su parte, Roberto Sotelo, abogado de la víctima, sostuvo que “los planteos de nulidad fueron presentados por la nulidad misma”. Es que el abogado querellante de Eliana Tapia, entiende que todos los planteos de la defensa de Sebastiani “ya fueron resueltos y tienen respuesta en los pasos administrativos oportunos y que estos no son otra cosa que más maniobras dilatorias”. Además, fue contundente al expresar que son “asuntos traídos de los pelos”.

Habrá que estar atentos al accionar de la fiscal Dolly Fernández respecto de lo solicitado por la defensa y durante todo el proceso, entendiendo que será ella, además de las partes (querella y defensa) quienes presenten las pruebas pertinentes para que el Tribunal Colegiado, presidido por el  juez Víctor del Río, emita un nueva pena a Sebastiani, hallado culpable en una serie de delitos enmarcados en violencia de género contra la víctima Eliana Tapia.

Mañana a las 9 de la mañana en la sala de avenida San Martín, el Tribunal deberá dar respuesta e interpretación, y resolver el planteo de la defensa; como así también indicar si se sigue con la audiencia de alegatos. El tiempo parece apremiar, teniendo en cuenta que el 23 de diciembre comienza la feria judicial y una vez concluida la etapa probatoria, el tribunal tendrá 15 días para dictar la nueva pena contra el empresario automotriz.Lo cual sucederá el año que viene.

La primera condena

En febrero de 2016, Sebastiani recibió una condena tras ser encontrado culpable de cometer delitos graves como privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometidas contra quien fuera su pareja, con ensañamiento y por ser contra una mujer, mediando violencia de género, con amenazas con armas, todo ello en concurso ideal, y en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. Por lo que fue sentenciado en febrero pasado por la jueza Lidia Lezcano de Urturi a tres años de prisión en suspenso. Una pena extremadamente leve que generó repudio de gran parte de la sociedad y la revocatoria por parte del máximo tribunal, que indicó la necesidad de una nueva pena.